El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), ha pedido a las partes, acusaciones y defensas, que realicen un resumen o informe de prueba para concluir el bloque dedicado a analizar la operación urbanística denominada Crucero Banús, que comenzó el pasado 13 de diciembre con la declaración de los acusados.

Según ha explicado el presidente de la Sala, José Godino, se trata de elaborar un resumen de prueba, que los letrados de las acusaciones y las defensas presentarán de forma voluntaria por escrito y expondrán el próximo lunes día 14 de febrero en una vista oral. Con esto, los miembros del Tribunal harán una deliberación abierta y de carácter interno que les servirá de cara a la sentencia que se dictará al final del juicio, lo que no se prevé que suceda hasta al menos un año.

Tras esto, el lunes día 21 de este mes está previsto que comience un nuevo bloque del juicio que podría tardar en juzgarse unos cuatro o cinco meses y cuenta con 31 acusados, entre ellos el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y supuestos testaferros de éste, acusados de blanqueo de capitales, como los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla, Óscar Benavente o Salvador Gardoqui.

En el bloque sobre Crucero Banús, se ha analizado esta operación por la que, según el fiscal, Roca, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el acusado Florencio San Agapito se concertaron para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, para revenderla "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

El precio de la operación, que se desarrolló a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la entidad titular del suelo, fue de 4,3 millones de euros y el perjuicio para las arcas municipales de casi cinco millones de euros, mientras que los acusados lograron, según la acusación, un beneficio de más de seis millones. La venta se hace a empresas del promotor José Ávila Rojas, también acusado en este bloque, junto al exalcalde Julián Muñoz y el tasador José Mora.