Un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura ve "fundamentos" para formular un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra el decreto de fotovoltaicas. Dicho informe fue encargado hace dos semanas por el Ejecutivo regional.

Según ha avanzado el consejero de Industria, Energía y Medio ambiente de la comunidad, José Luis Navarro, una vez elaborado el citado informe "con mucho rigor", el Consejo de Gobierno de la Junta en la reunión que mantendrá este jueves en Mérida "previsiblemente" solicitará formalmente el pronunciamiento "por la vía de urgencia" del Consejo Consultivo de Extremadura respecto a la cuestión.

En rueda de prensa para firmar un convenio con entidades locales en materia energética, Navarro ha añadido que en un plazo "máximo" de 15 días el Consejo Consultivo se pronunciará, y tras su determinación el Ejecutivo autonómico "podrá tomar ya definitivamente la decisión de interponer el recurso".

Trabajo de la junta

El consejero ha recordado que el Gobierno regional "apoya en su práctica totalidad" el real decreto ley de fotovoltaicas "para reducir el déficit tarifario", aunque al mismo tiempo "sigue trabajando" para que se "pueda modificar" la disposición transitoria que establece una limitación temporal durante 2011, 2012 y 2013 "igual para toda España, sin diferencia por zonas climáticas".

"El que exista una limitación para cada zona climática lo consideramos razonable", ha insistido Navarro, quien ha reiterado que el Ejecutivo extremeño "lo que no entiende, lo que considera que discrimina a Extremadura es que sólo durante tres años se limite sin tener en cuenta el criterio general de que las horas tienen que ser diferentes en Asturias que en Extremadura".

"Que se nos pongan como límite a Extremadura las horas de sol que hay en el norte de España no nos parece razonable ni justo para las instalaciones fotovoltaicas que hay en Extremadura", ha recalcado.

Asimismo, en cuanto al avance del informe encargado por la Junta a sus servicios jurídicos para estudiar la existencia de "fundamentos suficientes" para interponer un recurso de inconstitucionalidad, ha insistido en que el estudio establece que "sí hay esos fundamentos".

Ha recordado al respecto que a la "voluntad política" que tenía —ha dicho— el Gobierno regional (de recurrir el decreto) se "une" ahora un informe jurídico que ha analizado la cuestión "con mucho rigor" en tanto que —ha añadido— "los motivos por los que una comunidad autónoma puede presentar un recurso de inconstitucionalidad están muy casados, son muy específicos, muy pocos".

"Había que tener claro que existen fundamentos suficientes (para formular el recurso), ya que cualquier puede entender que un recurso de inconstitucionalidad es un asunto muy serio que no se puede presentar a tontas y a locas, sino con seriedad, sabiendo que hay alguna posibilidad de sacarlo adelante", ha subrayado.

Penúltimo paso

En su intervención, Navarro ha añadido que la reunión que el Consejo de Gobierno de la Junta celebrará este jueves por la tarde abordará el "penúltimo paso" (antes de la formulación del recurso), mediante la solicitud formal al Consejo Consultivo de que "como precepto legal insalvable" se pronuncie "previamente a la interposición del recurso".

La petición de pronunciamiento será "previsiblemente" formulada por el procedimiento de "urgencia", ha avanzado el consejero, quien ha añadido también que la Junta "intentará" pedirle al Consejo Consultivo que tenga elaborado su pronunciamiento "antes de 15 días".

"No es posible tomarla mañana (la decisión definitiva de interponer el recurso), sería una ilegalidad tomar la decisión, y lógicamente el Consejo de Gobierno no puede cometer ilegalidades si no existe el informe preceptivo del Consejo Consultivo", ha aclarado.

"Aunque ya disponemos (la Junta) del informe de nuestros propios servicios jurídicos, el día que tomemos la decisión definitiva de interponer el recurso de inconstitucionalidad será cuando tengamos delante el dictamen que emita el Consejo Consultivo", ha insistido.

Enmiendas en el senado

Por otra parte, el consejero ha recordado que en el pleno del Senado este miércoles lo que se debate es la Ley de Economía Sostenible, así como tres enmiendas que "responden" a peticiones "muy importantes y positivas" del sector fotovoltaico y que, previsiblemente, ha dicho, "saldrán adelante sin ningún problema" en la Cámara Alta.

En concreto, ha explicado que las enmiendas se refieren a que las plantas fotovoltaicas que lo necesiten puedan acogerse a las líneas de fondos ICO; así como a que el plazo total con derecho al cobro de las primas se amplíe de 28 a 30 años; y a que en la posibilidad reglamentaria que el Gobierno tiene de cambiar las horas límite con derecho a la prima "se matiza y se aclara con toda contundencia que si hay cambios sólo afectará a nuevas instalaciones puestas en marcha después de que se hiciera el cambio".

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