Cristina Soro, ex administrativa y contable del Grupo Marxant, vinculado al empresario de la comunicación Jacinto Farrús, ha manifestado en calidad de testigo que esta mercantil pagó la fianza que otras empresas externas debían abonar si deseaban presentarse a un negociado convocado por el Instituto Balear de Turismo (Inestur) al que ya concurrían tres empresas de Farrús, lo para la Fiscalía iba dirigido a dar una apariencia de concurrencia al concurso y simular de este modo que no sólo sociedades del empresario optaban a este proceso.

Durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, encargada del caso Voltor, Soro ha explicado que fue Guillermo Bongiovanni, administrador de la empresa Torun Consulting -también vinculada a Farrús- quien le indicó que las empresas pertenecientes a Marxant pagarían las fianzas de entre 1.700 y 2.000 euros en efectivo, pese a que finalmente estos negociados de arte y cultura quedaron desiertos. Por ello, Bongiovanni (imputado en la causa) le dijo que las fianzas serían devueltas por el Inestur y para ello la empresa pública un número de cuenta para transferirlas.

Tal y como ha apuntado, la fianza de las empresas externas -Digital Point, Antibala, Gestpamiba y Eurogestión- "se ponía por orden de Bongiovanni", quien "sacaba el dinero, me lo daba en efectivo y yo procedía al ingreso del mismo". No obstante, ignora, según ha apuntado, que Farrús tuviera conocimiento de estas prácticas, si bien "siempre me dio la sensación de que recibía órdenes de mis superiores y éstos de Farrús".

La comparecencia de la testigo ha tenido lugar en el marco de una de las piezas separadas del caso Voltor, que indaga si el empresario recibió un trato de favor por parte de la Administración pública mediante adjudicaciones presuntamente irregulares. De hecho, las investigaciones lo sitúan como "figura clave en el entramado" de concesiones realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte.

Las pesquisas del caso Voltor se centran en un presunto desvío de fondos públicos mediante subvenciones irregulares a personas afines a UM, y apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el 3 de febrero de 2010 por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. (

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