El motivo de este vacío legal es que se tarda «mucho tiempo desde que se detecta» la irregularidad laboral hasta que se verifica, según Coig, y esto provoca que se manipulen las pruebas.

Policía Judicial

Para evitar este resquicio y garantizar la seguridad de los trabajadores, López Coig ha solicitado al fiscal general del Estado la puesta en funcionamiento de una brigada de Policía Judicial que pueda realizar en el acto los atestados.

Esto permitirá, a juicio del teniente fiscal, que haya una cobertura legal a la hora de investigar el supuesto delito. La «necesaria llegada», en palabras de Coig, de una brigada especializada en siniestralidad laboral permitiría agilizar los trámites para evitar retrasos, que en algunos casos alcanzan los 10 años, y que cuando se quiera verificar una obra, ya haya terminado.

34 denuncias laborales en 2005

A pesar de que «no hay estadísticas fiables», el fiscal dijo ayer que durante 2005 se produjeron 34 denuncias de la Inspección de Trabajo, del sindicato Comisiones Obreras y de particulares, y que todas ellas se ha remitido al juzgado al entender que podían ser delito. De estás, 16 son por delitos de riesgo, 15 por accidentes mortales y tres por lesiones graves. Para el teniene fiscal son cifras «muy altas» de siniestralidad e insistió en que «no tenemos conciencia suficiente» respecto a los accidentes laborales y que algunos industriales no son empresarios sino delincuentes».

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