Los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale aseguran no se convertirá en "una organización vicarial" de ETA, a la que "rechaza abiertamente y sin ambages". La formación, que "rompe sus vínculos" con las organizaciones del pasado y niega que sea una refundación de las ilegalizadas, asegura que quiere "contribuir con el resto de agentes" a que desaparezca de "forma definitiva la violencia, en particular la de ETA".

En su intervención en el acto organizado por Lokarri en Bilbao, el abogado Iñigo Iruin ha leído los apartados de los estatutos en los que expresa su posición sobre la violencia.

En el capítulo preliminar o preámbulo, afirma que "el nuevo proyecto político" supone "la ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado" la izquierda abertzale "en el pasado, y por lo tanto, con los vínculos de dependencia a que aquellos daban lugar".

De esta forma, ha asegurado que se trata de "impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia o por partidos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella".

Iñigo Iruin asegura que, con este fin, "la nueva formación política se constituye conforme al canon de legalidad ordinaria y constitucional" configurado en el artículo 6 de la Constitución Española, la Ley de Partidos Políticos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

En este sentido, manifiesta que el Acuerdo de Gernika, firmado en septiembre de 2010, "ha supuesto un hito para la consecución de una paz estable y duradera en Euskal Herria, donde los vascos decidirán sin limitaciones ni hipoteca alguna sobre su futuro en un país libre".

"Asumimos los compromisos de dicha declaración y hacemos nuestras las demandas que contiene para configurar un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva", ha afirmado, para añadir que también hacen suyos los principios del senador Mitchell "como guía y pauta de actuación", al ser "ineludibles e indispensables para avanzar hacia una realidad de paz y de soluciones democráticas".

"Mostramos nuestra voluntad y deseo de contribuir con el resto de agentes políticos, sindicales y sociales, a la definitiva y total desaparición de cualquier tipo de violencia, en particular la de ETA", ha aseverado.

Los estatutos de la nueva formación hablan de "la superación de las consecuencias de toda violencia en pro de la paz, la justicia y la reconciliación de la sociedad vasca", y del reconocimiento y reparación "de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas".

En definitiva, establecen "el compromiso" del partido "con las vías exclusivamente políticas y democráticas firme e inequívoco, no sujeto a variables tácticas o factores coyunturales", y defenderá su ideología respetando "los procedimientos democráticos y el empleo de medios legales de intervención en la vida pública".

"Serán la adhesión popular, la movilización democrática, la lucha ideológica y la participación político-institucional sus únicos instrumentos de acción política", añaden.

La nueva organización desarrollará un "programa político" acorde y coherente "con el concepto de sociedad democrática definido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y sustentado en un pleno y real ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas".

Sin subordinación

Asimismo, Iñigo Iruin ha defendido "la soberanía de los órganos internos de decisión que actuarán con plena autonomía", de forma que "el nuevo partido se opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutelas externas que pretendan convertirlo en una organización vicarial de quienes practiquen la violencia".

En el apartado de "actividad externa", los estatutos inciden en que, "en la estrategia independentista y socialista" de su proyecto, "no hay cabida para forma alguna de actuación violenta ni conductas que le sirvan de complemento y apoyo político".

"El nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas", ha indicado.

Por ello, Iruin ha señalado que "los representantes, militantes y cargos orgánicos e institucionales del nuevo partido", actuarán conforme al "rechazo firme e inequívoco" de toda violencia y terrorismo y de sus autores; de las diferentes formas "de manifestación de la violencia y del terrorismo, tal como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2000 de Partidos Políticos, cuyos contenidos literales se dan por reproducidos e integrados en esta declaración".

De esta forma, los estatutos expresan su rechazo a quienes "fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo, oponiéndose cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos".

También "rechazan cualquier clase de connivencia política y organizativa con la violencia, con las formaciones e instrumentos políticos que han sido ilegalizados por razón de esa connivencia, así como con cualquier manifestación del fenómeno terrorista".

Para garantizar estos "incuestionables compromisos", la estructura del partido "está orientada a impedir la realización de actividades que lo conviertan en instrumento de continuación o sustitución orgánica o funcional de los partidos ilegalizados y disueltos". "No se trata de la reconstitución o refundación de organizaciones ilegalizadas, sino de materializar una nítida separación y una indubitada ruptura respecto de ellas", ha destacado.

De este modo, en su régimen disciplinario, establece que "se considerará como falta muy grave y será sancionada con la expulsión del partido" de los afiliados que incurran en estos hechos. Asimismo, destaca que, para poder ser candidato "en cualquiera" de sus listas electorales, se asumirán estas "bases ideológicas y compromisos".

"sin circunloquios"

Para Iruin, "la intensidad del rechazo a toda violencia y sus instrumentos, exteriorizado sin equívocos ni circunloquios, respecto de la organización ETA, es contrapeso suficiente", para "desvanecer cualquier presunción de connivencia con ella, o con organizaciones ilegalizadas, que pudiera reprocharse al nuevo partido".

En este sentido, ha subrayado que, "si a la hora de definir su fórmula de rechazo de la violencia, el nuevo partido cumple los mandatos legales y jurisprudenciales, sus Estatutos están protegidos por una presunción de constitucionalidad que debe conducir a su legalización".

"Los principios democráticos de pluralismo político y participación política, no toleran que se plantee la no legalización como prueba de las verdaderas intenciones de los promotores; o que se pretenda mantener a todo un movimiento político en una situación de observación antes de admitir su presencia en el debate político y en la confrontación electoral", ha indicado.

De esta forma, asegura que "el Gobierno español debe atenerse a estrictos criterios de legalidad" y que "la razón jurídica ha de ser la única que guíe su decisión a partir del próximo miércoles".

"El Ejecutivo español debe rechazar las razones de conveniencia político-electoral que, de manera evidente, están presionando para impedir la inscripción del nuevo partido político en el registro. La inscripción debe realizarse sin necesidad de trasladar al TS la decisión", ha concluido.