La Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz acogerá este martes el debate del proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz y de las enmiendas que los distintos grupos han planteado y procederá a la aprobación, en su caso, del dictamen.

Este debate en comisión es el paso previo al desarrollo del debate final del proyecto de ley que está previsto se desarrolle este mes ante el Pleno del Parlamento.

El pasado viernes, el PSOE-A rechazó, durante el trámite de ponencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento, las 42 enmiendas que el PP-A ha planteado al proyecto de ley, mientras que ha aceptado 13 de las 85 presentadas por IULV-CA. Las 32 enmiendas del grupo socialista quedaron incorporadas a la ponencia. Los grupos de la oposición volverán a defender este martes en comisión sus enmiendas no aceptadas.

En cuanto a las 32 enmiendas del PSOE-A, el portavoz del grupo parlamentario, Mario Jiménez, ya aseguró que "desmontan las mentiras y la demagogia" que se han vertido sobre esta normativa durante los últimos meses, al tiempo que ha asegurado que son fruto del diálogo establecido con los grupos políticos, los sindicatos y los agentes sociales.

De las 32 enmiendas, siete se refieren a la exposición de motivos, once a las disposiciones generales y 14 al articulado, mientras se asientan sobre cinco "vectores principales". El primero de ellos consiste en clarificar que los funcionarios de carrera son la "columna vertebral" de la función pública. En segundo lugar, que se garantizan los derechos laborales de todos los "servidores públicos" de Andalucía, quedando claro que "nadie ganará lo que no tenía ni perderá lo que se había ganado".

En tercer lugar cabe destacar que la selección y el acceso del personal de los entes instrumentales de la Administración de la Junta se efectuará mediante convocatoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Además, la designación del personal directivo de las agencias atenderá también a estos principios, junto a otros criterios de idoneidad.

El cuarto de los vectores consiste en que la negociación sindical se hará con los sindicatos más representativos, con aquellos que obtengan el respaldo en las elecciones sindicales amparadas en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Por último, con el fin de obtener una mejor prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, en el mejor desarrollo de la ley, se establecerá la forma de participación pública de las organizaciones representativas de la ciudadanía.

Enmiendas de la oposición

En cuanto a las 42 enmiendas del PP-A, se incluye la derogación de los decretos, el del 27 de julio y el del 23 de noviembre de 2010, que fueron aprobados por el Consejo de Gobierno, para que así se pueda comenzar "de cero" y buscar el consenso con todos los colectivos de funcionarios y empleados públicos.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, explicó que las enmiendas de su partido (24 de supresión, 12 de adición y seis de modificación) son "constructivas" y plantean claramente la alternativa del grupo popular en relación con este asunto, que no se ha podido abordar de "peor" manera por parte del Ejecutivo.

Para el PP-A, la reordenación aprobada por el Consejo de Gobierno no sólo no va a suponer una minoración sustancial del gasto del sector público, sino que "se puede estar lesionando de forma irreversible nuestro ordenamiento constitucional al conculcarse principios y derechos fundamentales, como el derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo público consagrado en nuestra Constitución o el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, al haberse impuesto en su origen sin la preceptiva negociación".

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA y portavoz parlamentario, Diego Valderas, explicó que las 85 enmiendas su grupo suponen "un modelo alternativo basado en una agencia única en la que se integran todos los organismos".