El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salt (Girona) ha reclamado que las escuelas del municipio no tengan un máximo del 50 por ciento de alumnos inmigrantes, en el marco cinco propuestas para el pacto de ciudad que pidieron los ciudadanos en la manifestación del 22 de enero a favor de la seguridad y la convivencia.

En rueda de prensa, la alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda (PSC), ha explicado que los centros escolares de la ciudad —con un 70% de inmigración— tendrían que tener entre un 10% y un 50% de inmigrantes para "mantener la calidad de la enseñanza y transmitir valores, hábitos y normas compartidos".

La proporción de alumnos extranjeros lleva a los padres autóctonos a escolarizar a sus hijos fuera del municipio, al percibir que no hay igualdad de oportunidades ni una educación de calidad, ha detallado.

Esta petición, que depende de la Generalitat para que se deriven alumnos a municipios vecinos, "no es cuestión de solidaridad, sino de responsabilidad de las administraciones de garantizar la calidad de la educación", ha insistido.

El primer teniente de alcalde, Joan Boada (ERC), ha reconocido que la introducción de niños con dificultades para hablar el idioma hace bajar el nivel de la clase, por lo que ha pedido a los municipios vecinos que acojan a alumnos inmigrantes: "En Salt hace años construimos pisos de protección oficial, mientras otros pueblos no los querían, pues que ahora nos devuelvan el favor", ha argumentado Boada.

Seguridad y justicia

Pineda también ha reclamado a la Conselleria de Interior que ejerza sus competencias para garantizar el orden y la seguridad en Salt con una mayor presencia de efectivos policiales "de forma constante y permanente": "La sensación de inseguridad está disparada en Salt", ha manifestado.

Por ello, ha reivindicado el acuerdo firmado en febrero de 2010 para construir la comisaría regional de los Mossos d'Esquadra en la ciudad —lo que aportaría 600 agentes más, en los diferentes turnos—, y utilizarla también como sede de una comisaría de distrito.

En una tercera propuesta, el ayuntamiento ha pedido que el Parlament y el Congreso modifiquen de manera urgente las leyes para endurecer las penas a reincidentes, de modo que las víctimas "no tengan un sentimiento de frustración por la laxitud de la acción de la justicia".

Para ello, han propuesto que el pleno municipal apruebe una moción consensuada por todas las formaciones, que se trasladará al Parlament y al Congreso de los Diputados de Madrid:"Hay que luchar contra la impunidad", ha asegurado Pineda.

Urbanismo y economía

La alcaldesa también ha reconocido la necesidad de actuar urbanísticamente en Salt para evitar la continua degradación de algunos barrios y de la zona centro, en vista de "las problemáticas de convivencia y de las deudas comunitarias de las escaleras", por lo que ha ha pedido al Govern recursos para mantener e incrementar los servicios que ya se están dando.

Además, han insistido en esponjar el centro de la ciudad, señalando que "algunas ideas no son nuevas, pero están propuestas de forma generosa para llegar al consenso", en referencia al convenio firmado con el Ministerio de Vivienda para el ARU (Área de Renovación Urbana).

En el ámbito económico, ha pedido al Estado y al Govern que garanticen las inversiones estables en Salt para generar ocupación y actividad económica, al considerar que la creación de puestos de trabajo es "esencial" para la cohesión social.

El equipo de gobierno —PSC y ERC— buscará el consenso con los demás grupos del pleno municipal y con la mesa de la ciudadanía: "No proponemos nada descabellado y esperamos que haya consenso, pero si no lo hay, no me resignaré a pedir, por ejemplo, la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Salt", ha remachado Pineda.