El Defensor del Pueblo pide que se instalen limitadores de velocidad en todos los vehículos

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha propuesto que se extienda a todos los vehículos a motor, automóviles incluidos, el uso de los dispositivos limitadores de velocidad.
Enrique Múgica. (Efe)
Enrique Múgica. (Efe)
Juanjo Martín/ Efe

Esta propuesta fue planteada por el defensor del Pueblo durante su comparecencia ante la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.

Múgica abogó por esta medida "aun conociendo los inconvenientes y dificultades", casi todas, dijo, de carácter económico, que podría suscitar.

Para el Defensor del Pueblo, merece la pena iniciar un debate en torno a esta medida y buscar "consensos necesarios" para conseguir una mayor seguridad vial y salvar todas las vidas que sean posibles.

Hasta ahora, los dispositivos de limitación de velocidad están incorporados a determinados vehículos, sobre todo pesados y autocares, lo que ha contribuido, según Múgica, a que se reduzcan los accidentes.

Si el uso de estos dispositivos se extendiera a todos los vehículos de motor, la prohibición de circular a una determinada velocidad se cumpliría, en su opinión, con mayor eficacia.

En este sentido, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano y Carrió respaldó la propuesta del director general de Tráfico, Pere Navarro, de que se considere delito que se exceda en 60 kilómetros por hora el límite de velocidad establecido.

Real Decreto del 25 de noviembre

Según informa la DGT, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 25 de noviembre del año pasado el Real Decreto por el que se ampliaba el tipo de vehículos a los que se impone, por fabricación, la instalación de dispositivos de limitación de velocidad.

En este Real Decreto también se establecían los requisitos que deben cumplir y las normas de actuación de los talleres que realicen las instalaciones y comprobaciones de funcionamiento de los dispositivos.

Hasta ese momento,  era obligatorio que dispusieran de limitadores de velocidad los vehículos dedicados al transporte de personas cuyo número de plazas fuera mayor de ocho pasajeros, sin incluir el conductor, y su peso fuera superior a diez toneladas.

Con este Real Decreto se hace obligatorio el limitador cuando se cumpla el requisito de transportar más de ocho pasajeros, con independencia del peso del vehículo.

En cuanto a los vehículos de transporte de mercancías era obligatorio a partir de un peso de 12 toneladas y tras la entrada en vigor del Real Decreto aprobado lo es cuando el peso sea superior a 3,5 toneladas.

Así, los vehículos de las categorías mencionadas, matriculados a partir de la entrada en vigor de esta norma deben tener instalado el dispositivo, regulado de forma que no puedan superar los 90 o 100 km/h, dependiendo del tipo de vehículo.

Además, establece un periodo transitorio para la adaptación de los vehículos a las medidas contempladas en el Real Decreto.

"Reproche penal"

Durante su comparecencia, Múgica se refirió a una investigación realizada por su institución sobre la respuesta del ordenamiento jurídico a los accidentes de tráfico, un estudio realizado tras recibir 476 quejas de los ciudadanos.

La primera conclusión del estudio es que existen determinados comportamientos "imprudentes", que merecen un "grave reproche social" y que son sancionados con "una simple falta".

Existen comportamientos imprudentes que merecen un grave reproche social y que son sancionados con una simple falta

En su opinión ésto genera indignación y malestar entre los familiares y asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico.

A juicio del Defensor del Pueblo, "toda imprudencia" que se cometa en la conducción tiene que ser merecedora de un "reproche penal" aun cuando se haya producido la "satisfacción indemnizatoria".

Abogó por ello por la concreción de figuras penales en esta materia y recordó que en enero envió al Ministerio de Justicia un escrito para que se promovieran reformas legislativas para dotar de eficacia a los preceptos.

Además, en ese escrito, del que Justicia ha dado traslado a la Secretaría de Estado, según Múgica, se ahondaba en la necesidad de la intervención del fiscal, la formación de los funcionarios y en que las multas recaudadas fueran destinadas a las víctimas.

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