Cristóbal Pizà justifica que vendió dos inmuebles a su mujer y su suegra porque le "urgía" pagar deudas a Banca March

El imputado niega ante el juez que se deshiciese de las viviendas para frustrar el pago de una deuda contraída con Francisco Miralles

El que fuese propietario de la Policlínica Miramar, Cristóbal Pizà, ha defendido en calidad de imputado ante el juez que vendió la mitad indivisa de un inmueble de Santa Ponça y otro medio de La Rioja porque le "urgía" saldar deudas con la Banca March, y por tanto ha negado haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes deshaciéndose de estas propiedades con el objetivo de frustrar el pago de las deudas contraídas con el actual máximo accionista de la Policlínica, Francisco Miralles, querellante en esta causa.

Durante su declaración ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12, Francisco José Pérez, efectuada este jueves, Pizà recordó que vendió estas propiedades, pertenecientes a la entidad Consaba -de la que era administrador único y a la que Miralles, a través de la mercantil IGM, concedió el préstamo en enero de 2006- a su suegra (la de Calvià) ya que "tras cuatro meses con el cartel se vende no se logró vender", y a su mujer (la de Logroño) por diversas circunstancias que impidieron finalmente traspasar el inmueble a otro comprador.

Sin embargo, la querella interpuesta por Inversiones Grupo Miralles, a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que Pizà procedió a la venta de las viviendas "por un precio irrisorio" (87.545 euros la de Santa Ponça y 121.260 la de Logroño) tras ser demandado por IGM, "frustrando de este modo los derechos de crédito del acreedor". De este modo, con el dinero obtenido, comenzó a realizar amortizaciones anticipadas de un préstamo de Consaba contraído con Banca March y avalado personalmente por él.

El encausado, asistido por el letrado Gabriel Garcías, defendió que a raíz de estos préstamos, que finalmente se tradujeron en los dos millones iniciales más 720.000 euros posteriores y otros 720.000 prestados a su socio en Consaba, Miquel Dalmau -ya fallecido-, Miralles se quedó con el "80 ó 90 por ciento de la Policlínica Miramar" mientras que "la totalidad del dinero percibido por las ventas fue ingresado en la Banca March para pagar los préstamos con esta entidad".

Al ser preguntada por la acusación particular, a través de la abogada Isabel Fluxà en representación de Miralles, Pizà no dudó en apuntar a Dalmau al aseverar que era quien "se encargaba de todo mientras que yo me limitaba a ejercer mi profesión de médico nefrólogo". Es más, negó recordar que firmase un contrato de préstamo por dos millones con IGM ya que, volvió a repetir, su socio "era quien se encargaba de esos temas". "Desconocía los detalles del préstamo porque, como siempre, me fiaba del señor Dalmau", llegó a apostillar.

"le pedí el préstamo a miralles porque sabía que tenía dinero"

Siguiendo esta misma línea, al ser inquirido acerca de si Miralles se puso en contacto con él para reclamarle el préstamo, señaló que "a veces me decía que le debía dinero, pero que no me preocupase ya que no me pasaría nada. Sólo se lo reclamaría a Consaba y a Dalmau". El imputado recordó en su comparecencia que en el aquella época eran amigos de Miralles, "no una estrecha amistad sino como la que pudiera tener con otra gente". En cualquier caso, precisó que le pidió el préstamo a él y no a otros amigos "porque sabía que tenía dinero".

Por su parte, su mujer, quien también prestó declaración en calidad de imputada, recordó que compró a Consaba la mitad indivisa de una propiedad en Logroño, y señaló que una de las causas que le llevó a adquirir el inmueble era la deuda que tenía la entidad con Banca March. Tanto Pizà como la encausada, Antonia Margarita Morro, aportaron diversa documentación acreditativa de que el dinero obtenido con la venta se destinó a pagar a la entidad bancaria.

La querella señala que transcurridos varios meses desde que Miralles les concedió el préstamo y tras varias operaciones de compra de acciones por parte de éste a la mercantil Ameba -también propiedad de Pizà, Dalmau- y a Consaba, sin que se procediese al pago de cantidad alguna por parte de los deudores, lo que derivó en la interposición de una demanda. La acusación asevera que "lo más cínico del querellado es su actitud ante toda esta estafa, comunicando que él no podía hacer nada y que eran decisiones de Dalmau que escapaban a su campo de actuación".

Cabe recordar que Pizà está encausado en otro procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 10 por un presunto delito societario y otro de apropiación indebida por haberse apropiado junto a Dalmau, sin el conocimiento del resto de accionistas de la Policlínica Miramar, de unos nueve millones de euros. Unos hechos por los que la Fiscalía y la acusación particular deben presentar escrito de acusación.

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