El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la creación de los tribunales de instancia con la finalidad de simplificar el sistema judicial, mejorar la especialización y "utilizar mucho mejor" los recursos públicos y las capacidades de la Administración.

Caamaño ha explicado que los tribunales de instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales, un proyecto que supone una "pieza clave" en el proceso de transformación de la Justicia y que optimizará los recursos humanos y materiales, racionalizando el trabajo y agilizando la asignación de efectivos en función de necesidades concretas.

Un mismo tribunal albergará diferentes secciones que conocerán de las causas de ámbito penal, social, civil, contencioso-administrativo, mercantil, violencia sobre la mujer, de menores o de vigilancia penitenciaria. Para el ministro, se introduce así el principio de especialización al "agruparse por materias los jueces que hoy están dispersos en un partido judicial", ofreciendo así "una mayor calidad" del servicio de la Justicia.

La nueva distribución busca potenciar una decisión colegiada sobre determinados asuntos por los integrantes de cada sección. "Cuando los miembros de un tribunal tengan criterios distintos, el presidente —con un mandato de cuatro años— puede llamarlos en un pleno para que unifiquen su criterio y adoptar una solución común", ha indicado, tras reclamar la misma respuesta judicial ante los mismos casos. "Para asuntos iguales, igual respuesta judicial", ha agregado.

"La organización colegial refuerza la profesionalidad y la independencia", ha proseguido el ministro, quien ha explicado que la nueva organización simplifica el proceso, evita duplicidades y posibilita que las sustituciones se hagan entre los mismos miembros del tribunal, "si necesidad de acudir a la modalidad de jueces sustitutos" ahora existente.

Igualmente, el incremento de jueces podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios. Caamaño ha explicado que hasta ahora debía crearse "enteramente" un juzgado para cubrir las necesidades oportunas y que a partir de este momento será posible crear simplemente las plazas adecuadas.

Plazo de tres años

En suma, la nueva organización supone, a su juicio, un "cambio profundo" que prevé, desde la entrada en vigor de la ley, un horizonte de 3 años para su puesta en marcha. "Estamos ante un proyecto de ley de esos que verdaderamente cambian las cosas, que introduce mayor racionalidad y eficacia, ahorra costes y acorta tiempos", ha dicho.

Así, ha señalado que se pondrá en contacto con las asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las fuerzas políticas para recibir sus aportaciones. "Estamos en una primera fase", ha aseverado el ministro.

La creación de los tribunales de instancia, que no supone un coste económico añadido, pretende concentrar los medios para hacer frente al incremento de la litigiosidad, unificar la interpretación de las normas de reparto, potenciar la especialización de los jueces y magistrados y regular los aspectos pendientes del cuerpo de secretarios judiciales, evitando interpretaciones discrepantes que puedan generar inseguridad, tanto en lo relativo a sus categorías, como al régimen disciplinario.