El Gobierno dice que "sigue trabajando" en el traspaso de las competencias de Justicia a Baleares

El Gobierno central manifiesta que "sigue trabajando" en el proceso de traspaso de las competencias de Justicia a la comunidad autónoma y asegura que durante el año pasado se ha actualizado el coste efectivo que supondría esa cesión.

El Gobierno central manifiesta que "sigue trabajando" en el proceso de traspaso de las competencias de Justicia a la comunidad autónoma y asegura que durante el año pasado se ha actualizado el coste efectivo que supondría esa cesión.

Así lo expone el Ejecutivo central en respuesta a la pregunta parlamentaria formulada por el senador del PP por Baleares Joan Huguet, quien solicitó información sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia para acometer ese traspaso y cumplir, con ello, el mandado aprobado por el Parlament balear en noviembre de 2008.

Al respecto, el Gobierno asegura que durante 2009 y 2010 se han mantenido numerosas reuniones con el Govern para abordar la viabilidad de la cesión de competencias de Justicia, entre las que destacan encuentros versados en analizar el volumen de personal a traspasar, el gasto corriente que genera esta administración o el capítulo de inversiones a acometer en infraestructuras.

No obstante, el Ministerio de Justicia detalla que durante 2010 los contactos con el Govern —mediante los grupos de trabajo creados al respecto— se han referido a la actualización de diferentes capítulos relacionadas con el traspaso y del coste efectivo que supondría la cesión al cierre del año 2009.

También se ha analizado el desarrollo de las nuevas tecnologías en la administración judicial.

"Se estima que el conjunto de las reuniones celebradas ha permitido a la comunidad tener un profundo conocimiento de los medios personales, materiales, económicos, y patrimoniales en materia de justicia, objeto del posible traspaso a Baleares", enfatiza el Ejecutivo central.

Recientemente, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, reveló que el Gobierno ha cifrado en 60 millones de euros el coste efectivo del traspaso de las competencias de Justicia a la comunidad.

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