La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria deberá pagar un total de 160.065 euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encargaron de la primera fase de las obras de saneamiento y depuración de Castro Urdiales.

Este proyecto experimentó dos modificaciones que afectaron, en consecuencia, al contrato de asistencia técnica, pero el Gobierno de Cantabria se negó a pagar este cambio concreto alegando que no estaba obligado a ello al tratarse de un contrato de carácter complementario al contrato de obra.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) reprocha en una sentencia la "temeridad" y la "mala fe" de la Administración regional por exponer esta tesis frente a la empresa adjudicataria, la unión entre Ascan y Construcciones S.A.

El proyecto se modificó dos veces: una en diciembre de 2003, para ampliar el plazo de finalización de las obras, ante las "incidencias" técnicas que llevaron a readaptar la línea de agua e incorporar nuevos puntos de vertido; y otra en febrero de 2004.

En la práctica, esto supuso la ampliación del plazo de ejecución de las obras. Pero no se interpreta como una prórroga del contrato de obra ya que se incluyeron nuevas actuaciones. Las cantidades por la modificación del proyecto sí se abonaron, y lo que se puso en cuestión fue la asistencia técnica, que, al ser complementaria e incluir también un nuevo plazo, también tuvo que ser modificada.