Cerca de una treintena de personas que han ganado una plaza de funcionarios en una oposición convocada en 2008 se han concentrado este jueves ante la Xunta para exigir su toma de posesión tras "dos años y nueve meses esperando". De cumplirse los tres años de plazo establecido por ley, el próximo mes de abril, en la misma situación, recurrirán a la Justicia.

En declaraciones a los medios en representación de un colectivo que agrupa a casi 800 personas, José Fernández ha explicado que sus protestas se deben a "los continuos retrasos" que están padeciendo para hacerse con la plaza que han ganado y, de paso, para "denunciar las mentiras reiteradas" por parte de la Dirección Xeral de Función Pública.

"Seguimos sin poder trabajar", ha señalado Fernández, quien ha incidido en que el departamento autonómico les ha "mentido" al asegurarles que tomarían posesión "a lo largo del verano" de 2010 y, una vez "incumplido este plazo", que el proceso se resolvería "en diciembre" para que estuvieran trabajando "entre enero y febrero".

"A pesar de decir todo esto, a algunos grupos del turno libre les dieron destinos provisionales, pero a otros no", ha revelado, para denunciar que la Xunta está utilizando "un criterio totalmente arbitrario" mientras 785 personas están esperando para comenzar a trabajar. "Es un agravio", ha sentenciado este opositor al cuerpo de auxiliares de la Administración autonómica.

Según ha explicado, la Dirección Xeral de Función Pública "tiene sin adjudicar más del 70 por ciento de las plazas" de los cuerpos generales ofertadas en abril de 2008. "Todo un récord", ha ironizado, tras apuntar que el proceso que más se ha alargado hasta el momento "duró un año y cinco meses".

Tres años "improrrogables"

En esta situación, José Fernández ha detallado que la ley estipula un plazo de tres años "improrrogable" para que las personas que han obtenido una plaza tomen posesión. "Si se cumple el plazo, imagino que emprenderemos acciones legales de algún tipo", ha advertido, tras señalar que este colectivo también ha recurrido al Valedor do Pobo, del que todavía no ha obtenido respuesta.

Tras insistir en que estos opositores afectados no pueden "trabajar", Fernández ha criticado la "pasividad" del departamento que dirige José María Barreiro, así como la del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como "máximo responsable".

"No entendemos por qué no se toman cartas en el asunto, la situación actual es crítica y en su mano está el que la gente acceda a un puesto de trabajo que por derecho se ha ganado y le corresponde", ha subrayado, para dejar claro que "el único trámite que falta" es "la toma de posesión". "Estamos en sus manos", ha concluido.

Repercusión para las arcas públicas

Hasta la concentración de opositores convocada en San Caetano con pancartas que pedían 'No más retrasos' y 'Tomas de posesión ya' se acercó también el diputado socialista José Manuel Lage Tuñas, que ha presentado numerosas iniciativas parlamentarias en relación con este retraso y otras irregularidades en procesos selectivos de la Xunta.

En declaraciones a los medios tras hablar con los opositores y anunciarles la presentación de nuevas iniciativas, Lage ha insistido en que la situación es "crítica y grave", ya que "más de 700 personas que ganaron una plaza de funcionario llevan esperando muchos meses para tomar posesión".

"La actuación de la Xunta es negligente y de una falta de sensibilidad absoluta", ha sentenciado, para reclamar al presidente "decisiones inmediatas". "No es de recibo que más de 700 personas con su plaza ganada lleven casi tres años esperando para tomar posesión", ha recalcado, para reprobar que el mandatario "está mostrando una insensibilidad absoluta".

A su juicio, la "pasividad" del Gobierno gallego es "alarmante", ya que "no hay ningún motivo" para que no se proceda a su toma de posesión. En medio de esta "calamitosa" situación, ha dejado claro que seguirá denunciando situaciones como ésta, que "dejan ver con claridad la cara del PP en Galicia".

En relación con la vía judicial que los opositores prevén iniciar una vez cumplido el plazo legal para su toma de posesión, el diputado socialista ha advertido de que, en caso de que la Xunta "incumpla gravemente la legalidad", tendrá que verse "ante demandas por daños y perjuicios con consecuencias para el erario público".

"No se puede vulnerar la legalidad", ha sentenciado Lage Tuñas, para reiterar que este proceso "puede tener consecuencias muy serias" con "repercusiones para las arcas autonómicas", ya que "se está negando su derecho al trabajo" a casi 800 personas.