El PP local de Mérida insiste en pedir la paralización de la revisión catastral, que tacha de "chapuza generalizada"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, Fernando Molina, ha reiterado la petición de paralizar la ponencia de valores catastrales elaborada en la capital extremeña, y que supone una "chapuza generalizada" debido a los "numerosos errores" que presenta.

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, Fernando Molina, ha reiterado la petición de paralizar la ponencia de valores catastrales elaborada en la capital extremeña, y que supone una "chapuza generalizada" debido a los "numerosos errores" que presenta.

En una rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida, Fernando Molina ha criticado al equipo de gobierno de Mérida, que "se ha rendido" en este asunto porque "es totalmente incapaz de solucionar técnicamente el problema causado" por esta revisión catastral, por lo que ha lamentado la "connivencia" y la "conducta dolosa" del gobierno local en este asunto.

Este "catastrazo" ha provocado en Mérida la "subida desproporcionada de los índices de valores de las propiedades inmobiliarias" que ha llevado a "cometer desigualdades sociales entre los ciudadanos", de tal forma que "unos pocos van a pagar mucho, y otros, menos de lo que estaban pagando", ha explicado.

Molina ha retratado una serie de situaciones que se ha producido con esta revisión catastral, como que el propietario de una vivienda de protección oficial pague más por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que una casa de renta libre con piscina y pista de pádel, o que dos unifamiliares "idénticos en la misma calle que tienen un valor hasta 10 veces mayor uno que otro".

También ha ocurrido que a una pequeña empresa se le ha subido su valor "hasta uno 300 por cien", mientras que "a una gran superficie se le baje", o que "una humilde explotación agraria pague por una vivienda mucho más que una de lujo en el centro de la ciudad".

Son situaciones que "se están dando" en la actualidad en Mérida y que "no se pueden tolerar", ha aseverado Molina, quien ha destacado la intención del PP de trabajar "para que todo el mundo tribute en igualdad de condiciones y con los mismos derechos" para evitar que "la mitad de la población pague el coste de la otra".

A esta situación se añade, ha apuntado, que "hasta 12.000 domicilios de Mérida" no han recibido la comunicación fiscal para realizar el pago del IBI", lo que lleva a una situación de "indefensión por parte de estos ciudadanos.

Menos ingresos por la "nula previsión"

Ante esta situación, "el PSOE o no ha querido o no ha sabido, y se ha rendido ante el fracaso de la gestión catastral", ha reiterado el portavoz municipal del PP, quien ha asegurado que el equipo de gobierno "ha querido tapar con parches lo que le venía impuesto por la gerencia del catastro".

Y es que, a juicio del portavoz municipal del PP, Molina ha lamentado la "nula previsión" y la "incapacidad absoluta" del equipo de gobierno "para saber lo que tienen entre manos sobre los nuevos valores catastrales", y que ha provocado que las arcas municipales dejaran de ingresar "dos millones de euros" por este concepto en 2010, según ha asegurado Molina.

En ese sentido, el portavoz del PP ha lamentado que su partido ha pedido en reiteradas ocasiones una entrevista con responsables del Catastro, pero "hasta la fecha" no han obtenido una fecha para celebrar esta reunión.

Por todo ello, Fernando Molina ha anunciado que si el PP gana las próximas elecciones del 22 de mayo en Mérida, realizará "con todos los medios municipales a su alcance" un análisis de la reclamación "para solicitar la paralización de esta ponencia", con el objetivo de elaborar la que "realmente merece esta ciudad y sus ciudadanos".

Así, ha concretado que si gobierna a partir de mayo, el PP elaborará un informe que "recoja todos los errores" de esta ponencia catastral, realizará un estudio de mercado que "recoja los valores reales", y a partir de ahí "compensará las malas valoraciones que pudieran haberse cometido", y en las que se haya cobrado de más o de menos.

El portavoz del PP de Mérida ha explicado que esta situación ya se ha producido en otras localidades españolas como Pego (Alicante), donde tras anularse la revisión del catastro, ahora el ayuntamiento deberá devolver a los contribuyentes el dinero cobrado de más.

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