La sociedad pública Palacio de Congresos -formada en un 50% por el Ayuntamiento de Palma y en otro 50% por el Govern- exige al Grupo Barceló que devuelva la cifra de 4 millones de euros correspondiente al IVA de las certificaciones de obra como condición para resolver el contrato de concesión de las obras de esta infraestructura.

Esta propuesta -que ha sido aprobada este mismo miércoles por el Consejo de Administración del Palacio de Congresos- ya ha sido enviada al Grupo Barceló, por lo que corresponde ahora al grupo hotelero contestar formalmente para que se pueda producir la aprobación definitiva.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente del Govern, Francesc Antich, acompañado de la alcaldesa de Palma, Aina Calvo. El presidente ha señalado que la propuesta supone "no dar ni un paso atrás" en relación al presupuesto establecido, de 106 millones de euros, ni a la finalización de las obras, fijada entre 2011 y principios de 2012.

Preguntado por si no se va a penalizar al Grupo Barceló por su determinación de abandonar el proyecto, Antich ha remarcado que había dos formas de solventar esta situación en aras a finalizar cuanto antes el Palacio: acudir a los tribunales, y que la construcción de la obra se paralizase mientras dura el proceso, o intentar llegar a acuerdo que no perjudicase la construcción. El Govern ha optado por esta última.

Los ejes del trabajo de la sociedad han sido, según ha reiterado Antich, que "no se parasen las obras, no hubiese un aumento del presupuesto y no se produjese un cambio en la finalización de las obras". (

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