Ecologistas reclamará que la sanción de 'Cobre las Cruces' sea incorporada a las diligencias

Alerta de que la sanción debería ser cuantificada en "al menos" 555.000 euros según el estado del acuífero
Mina Cobre Las Cruces en Sevilla
Mina Cobre Las Cruces en Sevilla
COBRE LAS CRUCES

La federación provincial de Ecologistas en Acción reclamará nuevamente al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, que incorpore a las diligencias incoadas contra cuatro directivos de la compañía minera 'Cobre las Cruces', la sanción de 255.039,70 euros impuesta por la Agencia Andaluza del Agua a esta empresa que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras. La sanción obedece a un incumplimiento de la obligación de compensar totalmente las detracciones de agua practicadas en el acuífero Niebla-Posadas, toda vez que la citada causa responde a unas 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero, un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección y episodios de contaminación.

El coordinador de la campaña de Ecologistas en Acción contra esta mina, Isidoro Albarreal, ha informado a Europa Press de que su organización ya había reclamado a la citada instancia judicial que incorporase a las mencionadas diligencias el expediente sancionador incoado el pasado mes de mayo por la Agencia Andaluza del Agua contra 'Cobre las Cruces', filial de la multinacional canadiense 'Inmet Mining'. La sanción, como se ha informado, se eleva a 255.039,70 euros y responde a un incumplimiento del Plan Global de Gestión de Aguas autorizado por la Administración andaluza para restituir la concesión administrativa de la que gozaba la mina para explotar el acuífero Niebla-Posadas mediante un sistema de drenaje y reinyección.

En la causa judicial que sigue el Juzgado de Instrucción número 19, de otro lado, figuran como imputados el ya ex director general de la compañía 'Cobre las Cruces', Françoise Fleury, el director de Minas, William Thomas Willliams, el director de Gestión de Aguas de esta empresa, Juan Carlos Baquero, y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen. A todos ellos se les atribuye un presunto delito medioambiental y de daños continuados a cuenta de una querella de la propia Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico.

La querella

La querella de la Fiscalía se remonta al otoño de 2008 y, como se recordará, partía de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contra 'Cobre las Cruces' por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla-Posadas, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la CHG suspendiera la concesión administrativa otorgada a 'Cobre las Cruces' para el aprovechamiento del acuífero, si bien la aprobación del mencionado Plan Global de Gestión de Aguas derivó en la restitución de esta autorización.

Isidoro Albarreal ha anunciado que Ecologistas en Acción reclamará nuevamente a la juez Ana Escribano que incluya este expediente sancionador en las mencionadas diligencias. Además, ha manifestado que la sanción debería ser cuantificada "al menos" en 555.000 euros, porque a la hora de cuantificar el daño perpetrado al dominio público hidráulico, la Agencia Andaluza del Agua no habría aplicado el coeficiente de valoración que correspondería al acuífero Niebla-Posadas al tratarse de un cauce "en riesgo de incumplir los objetivos medioambientales de la directiva marco de agua". "REINCIDENCIAS"

Igualmente, Ecologistas en Acción ha entendido que el expediente sancionador debería haber calificado de "muy grave" la infracción a cuenta de las "reincidencias" del complejo minero y del "carácter estratégico" del acuífero. La organización alerta, además, de que la valoración de daños recogida en el expediente sancionador debe ser sumada a "los más de 520.000 metros cúbicos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pudo detectar como extracción ilegal durante los años 2007 y 2008 y a los que no han podido ser valorados durante el periodo que el sistema de drenaje y reinyección estuvo suspendido".

"Desde que empezó a funcionar el 7 de julio de 2006, nunca ha cumplido con las autorizaciones, y lo que es peor, nunca ha dejado de producir daños al acuífero", señalan los ecologistas en cuanto al sistema de drenaje y reinyección. Igualmente, Ecologistas en Acción reclama información en cuanto al destino de las aguas derivadas que han podido ser vertidas sin depurar a los arroyos Garnacha y Molinos, que transcurren por el interior del recinto minero y que podrían haber sido contaminados con aguas de contacto con los metales pesados del yacimiento minero.

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