La Fiscalía ha mantenido la acusación por prevaricación y cohecho para el ex alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz) Juan Carlos Juárez (PP) y para el ex edil de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, en el juicio por el caso Roseworld que ha quedado este martes visto para sentencia en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial.

Según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso, la Fiscalía también ha mantenido los cargos para el administrador de Roseworld, Anil Takhurdas, para el que solicita cuatro años de prisión. Además, para Ruiz Calama solicita también condena por un delito contra la hacienda pública.

Por otra parte, han sido retiradas las acusaciones contra el representante del Grupo Lábaro, el ex secretario del Ayuntamiento y contra el ex interventor municipal. Igualmente, la Fiscalía ha retirado las acusaciones contra los concejales Mari Cruz Atienza, Juan Montero y Francisco Muñiz.

El juicio ha quedado visto para sentencia y dada la complejidad del caso los letrados de las partes implicadas calculan que la sentencia de la Audiencia Provincial podría darse a conocer en un plazo de un mes.

El ex alcalde de La Línea de la Concepción Juan Carlos Juárez declaró el día 18 de enero, asegurando a la fiscal Anticorrupción que "no estaba ni en la mesa de contratación ni en el Pleno" que adjudicó las parcelas municipales a la empresa y en cuyo proceso se cometieron, presuntamente, delitos de cohecho, prevaricación y otros.

Juárez no quiso contestar a las acusaciones particulares y manifestó que sí "concedió plazos a Roseworld para el abono de las cantidades correspondientes por las parcelas" e incluso abrió la posibilidad de "resolver el contrato si no se aprobaba el Plan General de Urbanismo". Asimismo, aseguró que todo lo hizo "porque nadie me decía que no" y que seguía las recomendaciones de "los técnicos municipales". Además, negó que su intención fuese beneficiar a la empresa Roseworld en perjuicio de otras que aspiraban a la concesión de las parcelas municipales en el año 2005. "En todo caso lo que hice era lo que me decían los técnicos municipales de la Mesa de Contratación", declaró.

El ex alcalde linense se enfrenta a cuatro años de prisión por prevaricación y cohecho y una multa de 500.000 euros, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y medio.