El responsable de seguridad y salud de la UTE encargada del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Carlos Calafat, ha negado haberse lucrado con medios y materiales destinados a estos trabajos para construir su chalet de Valldemossa, tal y como ha puesto de manifiesto durante su declaración en calidad de imputado ante la jueza instructora del caso Peaje.

En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, en la que también ha sido inquirido por el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, el encausado ha justificado que él dispuso de un solar y comenzó a realizar las obras para el levantamiento de su vivienda en 2007, cuando la reforma de la carretera ya había finalizado, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Asimismo, al ser preguntado por la declaración que efectuó en dependencias de la Policía Nacional cuando estalló el caso Peaje, ha negado que entonces se le exhibieran carpetas que al parecer contenían facturas por trabajos particulares efectuados en casa del ex celador de Carreteras del Consell, Gabriel Mestre, o del ingeniero jefe de este departamento, Francisco Orejudo, entre otros, cuyo coste presuntamente corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715.

Mientras tanto, también este lunes ha sido interrogado el transportista que participó en las obras, José Rubio, quien, también como imputado, ha negado haberse beneficiado de medios de la carretera, aunque ha manifestado que cada tres meses cobraba una cantidad fija por los desplazamientos que realizaba y que ascendía a unos 8.400 euros, "hiciera lo que hiciera" durante ese tiempo.

La causa investiga en concreto el presunto desvío de unos 23 millones de euros durante la ejecución de estos trabajos, y en ella se encuentran imputados varios ex responsables políticos y numerosos empresarios que participaron en estas obras. Entre ellos el ex vicepresidente y ex conseller de Obras Públicas y Carreteras del Consell, Antoni Pascual (UM), los funcionarios de la Institución insular Francisco Orejudo y Gabriel Mestre -que eludieron en su día ingresar en prisión tras depositar fianzas de 125.000 y 75.000 euros-, respectivamente, así como el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía en marzo de 2009 a raíz del supuesto desfase de unos 23 millones de euros sobre la cantidad presupuestada para la reforma y modernización de la carretera. En concreto, en ella se indaga la posible comisión de delitos de malversación, cohecho y prevaricación, entre otros, al haberse producido un supuesto desvío de fondos a obras privadas que fueron facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera.

Cabe recordar que la operación se saldó en marzo de 2009 con la detención de 18 personas, quienes quedaron en libertad con cargos excepto los dos funcionarios, los únicos que pasaron a disposición judicial. A partir de ese momento la Fiscalía se dedicó a estudis toda la documentación intervenida para determinar las presuntas implicaciones de los detenidos en el caso.

La obra se llevó a cabo en la pasada legislatura por parte del Consell de Mallorca cuando esta institución estaba gobernada por UM, iniciándose el 11 de junio de 2004 con la colocación simbólica de la primera piedra. Asimismo, requirió una inversión de 140 millones de euros y consistió en el desdoblamiento de dicha carretera con enlaces en las intersecciones y las rotondas.