El 72 por ciento de los juzgados mixtos de la comunidad autónoma están adscritos a un servicio común de partido judicial, el cual constituye la antesala de la futura Oficina Judicial en Andalucía, para cuya implantación ya se han dado los primeros pasos, según ha explicado el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro.

Pizarro, que ha mantenido un encuentro institucional con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha subrayado que la existencia de estos servicios comunes de partido judicial facilitarán la puesta en marcha del nuevo modelo de organización de la Administración judicial. Esto supondrá una profunda transformación de las estructuras existentes hasta el momento y con él se pretende lograr una justicia "más ágil y cercana a la ciudadanía".

Del mismo modo, el consejero de Gobernación ha hecho hincapié en la idea de contar con una justicia en Andalucía que sea un "servicio público básico fundamental" y para este objetivo, "contar con una justicia que se adecúe al siglo XXI", ha señalado que se debe realizar un "gran esfuerzo". "Desde 1997 que recibimos las competencias de justicia se ha trabajado en este sentido y se ha llevado a cabo un esfuerzo presupuestario para mejorar la calidad de la justicia y hacerla más eficaz, eficiente, ágil, moderna y cercana al ciudadano, pero todavía quedan cosas por resolver", ha apuntado.

En este sentido, Pizarro ha detallado que existe el compromiso de invertir en ciudades de la justicia en las capitales de provincia y en las ciudades de Jerez de la Frontera y Algeciras (Cádiz), que se harán a través de la colaboración público-privada. En este punto, ha detallado que esperan inaugurar la Ciudad de la Justicia de Almería "antes de que finalice el mes de marzo", sacar a concurso "definitivamente" en febrero el pliego de condiciones de la adjudicación de la obra de la Ciudad de la Justicia de Córdoba y sacar el pliego de condiciones de la Ciudad de la Justicia de Cádiz "antes del mes de junio".

En cuanto a la fórmula de colaboración público-privado, Pizarro ha mostrado su "sorpresa" por el interés de las empresas privadas en la construcción de las ciudades de la justicia en el conjunto de Andalucía.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado que será "exigente y optimista" con la Administración andaluza, ya que hay que hay que ir dando pasos en tres direcciones: la visualización de la justicia como una prioridad, la nueva oficina judicial y, a largo plazo, la realización de las ciudades de la justicia, aunque habrá que hacer reformas en los edificios judiciales actuales mientras tanto.

La oficina judicial

El nuevo modelo de Oficina Judicial supone una reorganización del trabajo, porque los secretarios judiciales adquieren nuevas funciones y responsabilidades, siendo los encargados de impulsar el procedimiento desde el punto de vista de su gestión, mientras que los jueves se centran en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

En su implantación se distinguen tres niveles diferenciados, por una parte Granada, Málaga y Sevilla, provincias que cuentan con las mayores estructuras judiciales de Andalucía, en segundo lugar el resto de partidos judiciales con separación de jurisdicción —capitales de provincia y grandes ciudades— y, por último, los partidos judiciales sin separación de jurisdicción, de forma que los juzgados atienden todo tipo de casos, civiles o penales.

En este último nivel, 38 servicios comunes atienden a 126 juzgados mixtos, un 72 por ciento del total de órganos, mientras que otros 49 juzgados están agrupados en partidos judiciales sin servicios comunes. Por último, diez partidos judiciales tienen un sólo juzgado, por lo que no existe esta posibilidad.

La Junta de Andalucía ha impulsado la creación de estos servicios comunes, de los que 14 han entrado en funcionamiento a lo largo de este mes de enero, concretamente uno en la provincia de Granada, dos en la de Jaén, tres en la de Cádiz, cuatro en la de Málaga y otros tantos en la de Sevilla.

Estos servicios implican también cambios espaciales, por lo que las nuevas sedes judiciales como las de Cabra, Puente Genil —en Córdoba—, La Palma del Condado —Huelva— o Morón de la Frontera —Sevilla—, entre otras, ya están adaptadas al nuevo modelo de Oficina.

Por otra parte, en el segundo nivel de organización ya hay siete servicios comunes de partido judicial, concretamente en Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera —Cádiz—, Fuengirola, Marbella y Torremolinos —Málaga— y Motril, en Granada. De esta forma, hay 45 de estas estructuras creadas.

Por lo que respecta a Almería y Córdoba, al igual que Granada, Málaga y Sevilla —las tres capitales de provincia con una mayor estructura judicial—, cuentan con otro tipo de servicio común, concretamente con el de Notificaciones y Embargos. LEXNET

El consejero de Gobernación y Justicia ha recordado también que la Junta está implantando el sistema Lexnet de notificaciones electrónicas, que está permitiendo agilizar las comunicaciones entre los juzgados y las partes al emplear un método similar al correo electrónico para informar a los procuradores y abogados de los trámites y decisiones judiciales.

Lexnet comenzó a utilizarse de manera piloto en Granada y en junio de 2010 se empezó a extender al resto de juzgados de Primera Instancia granadinos. Desde el pasado mes de septiembre se están realizando notificaciones telemáticas desde dos órganos de Primera Instancia de Sevilla y Jaén, mientras que en Córdoba se acaba de firmar un acuerdo para ponerlo en marcha y está previsto que próximamente también se implante en Málaga.

Además, uno de los primeros pasos que se ha dado para la implantación de la nueva Oficina Judicial ha sido la adaptación de los modelos de documentos que se utilizan para la tramitación de los expedientes. Para ellos, se han modificado y revisado un total de 5.613 documentos, de los cuales 4.158 son modelos y 1.455 son párrafos opcionales que se han incorporado al sistema de gestión procesal Adriano, de forma que sea accesible a todos los tribunales. Esta tarea se ha realizado con la colaboración activa de los secretarios judiciales, que han sido los responsables de revisarlos.