El concejal del PSOE en Calahorra, Jesús María García García, agente forestal de la Comunidad Autónoma y sancionado por una falta de grave desconsideración a un superior, ha perdido otra vez en los tribunales, según la última sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Tal y como informa el PP en nota de prensa, "el Juzgado ha desestimado el recurso de apelación que interpuso este concejal del PSOE, igual que desestimó el primer recurso", con el siguiente fallo: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia confirmamos la sentencia recurrida en todos sus pronunciamientos, con expresa imposición de las costas causadas en este instancia a la parte recurrente".

Por lo tanto, el concejal del PSOE en Calahorra, y funcionario de la Comunidad como agente forestal, "ha perdido en dos ocasiones en los tribunales, y, con motivo de esta última sentencia, deberá pagar las costas causadas conforme establece el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa".

Los tribunales dan así también la razón a la Comunidad Autónoma, que sancionó a este funcionario con suspensión de empleo y sueldo de cuatro meses por una falta de grave desconsideración con un superior.

La última sentencia surge como consecuencia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que desestimó el recurso interpuesto por concejal del PSOE de Calahorra contra la resolución de fecha 5 de febrero de 2010 de la Comunidad Autónoma por la que se le imponía una sanción de suspensión de empleo y sueldo de cuatro meses, por una falta de grave desconsideración con un superior.

El Juzgado entiende que el concejal del PSOE vertió "verdaderas descalificaciones dirigidas al Jefe de Servicio" y que "en ningún momento se disculpa por dichas manifestaciones".

Estas descalificaciones, según los tribunales, comportan una falta grave prevista en el artículo 56.2.2 e) de la Ley 3/1990, de Función Pública de La Rioja, de 29 de junio, y son sancionables, según el artículo 56 bis. 3 a) del mismo texto legal, con suspensión de funciones y con pérdida de retribuciones, que no podrá ser superior a tres años.

Con esta normativa jurídica y en relación con los hechos acreditados, los tribunales consideran absolutamente proporcional y conforme a derecho la sanción impuesta.