La Junta de Castilla y León ha renovado su compromiso de prestar el servicio de teleasistencia a todos aquellos solicitantes que lo necesiten, los cuales alcanzaron en 2010 la cifra de 23.663.

Así lo ha señalado este sábado el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien ha subrayado que el año pasado ya se logró garantizar esta prestación para aquellos solicitantes que cumplan con el baremo establecido para determinar "si les corresponde o si es adecuado para su situación personal", tales como personas mayores, discapacitados o mujeres.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Antón ha explicado que desde 2007 hasta el año pasado el número de usuarios de teleasistencia se incrementó en 6.445, ya que pasó de 20.218 a 26.663, de acuerdo con los datos recogidos en el balance del Marco de Colaboración con las corporaciones locales, el cual se ha dado a conocer este sábado.

Al hilo de esto, el consejero ha criticado la duplicidad que, a su juicio, se crea a la hora de ofrecer este servicio entre los fondos estatales gestionados a través de la Junta y aquellos que el Gobierno gestiona con las entidades locales, por lo que ha instado al Ejecutivo central a que "transfieran estos fondos" a la Junta para que los distribuya de forma "homogénea" en toda la Comunidad.

Asimismo, el informe recoge que Castilla y León se sitúa por encima de la media nacional en cuanto a cobertura del servicio de ayuda a domicilio, que fue de 4,85 por cada 100 mayores de 65 años, frente al 4,69 del conjunto de España.

Incremento presupuestario

De acuerdo con estos datos, el presupuesto para esta prestación se incrementó en un 40,2 por ciento con respecto a 2007, ya que se pasó de 40,3 millones en dicho año hasta los 56,5 en 2010.

Precisamente, César Antón ha destacado la unificación de criterios con las entidades locales para calcular la capacidad económica de los beneficiarios, el establecimiento de un mismo baremo y la puesta en marcha de una aplicación informática diseñada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta y puesta al servicio de ayuntamientos, diputaciones y profesionales.

En este sentido, el responsable de Familia e Igualdad de Oportunidades ha asegurado que en lo que va de legislatura los usuarios son "prácticamente los mismos", mientras que los profesionales que prestan este servicio se han incrementado en 400 y el número de horas de atención que reciben los beneficiarios ha aumentado en un 10,7 por ciento, por lo que ha insistido en la "mejora de la calidad" de la ayuda a domicilio.

Asimismo, Antón ha resaltado el "escaso impacto" de la ley de dependencia en estas prestaciones, puesto que sólo el siete por ciento de los usuarios de la ayuda a domicilio se encuentra en "situación de dependencia".

Dicho servicio de ayuda a domicilio se ha llevado 56,5 millones de los 87 destinados en total a la dependencia, que junto con los programas de apoyo a las familias en situación de dificultad social y a los de integración, sumaron 101,1 millones de euros el año pasado, 21 más que en 2007.

Apoyo a las familias

En cuanto al apoyo a las familias con dificultades, en el citado periodo se han creado siete nuevos equipos de profesionales y se ha aumentado el número de trabajadores en un 5,4 por ciento, con una financiación que ha pasado de 4,3 millones de euros en 2007 a cinco en 2010, con el objetivo de "mejorar la atención de los menores su cargo".

Por otro lado, el consejero ha subrayado que la crisis económica ha provocado que los programas de integración social hayan pasado de centrarse en los ciclos de formación para la inserción laboral hacia las "ayudas de urgente necesidad" en materia de alimentación, alojamiento, educación o salud, que se incrementaron en más de 3.000.

Finalmente, César Antón ha advertido de que desde 2007 Castilla y León ha pasado de recibir 17,5 millones de euros anuales por parte del Gobierno de España a tan sólo 7,5, por lo que la Junta "ha tenido que aumentar un siete por ciento el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales para mantener estas prestaciones".

El Marco de Colaboración coordina la prestación de Servicios Sociales con las diputaciones provinciales y los municipios de más de 20.000 habitantes, ya que el resto recibe dichas prestaciones a través de las diputaciones.