El grupo del PP en la Diputación de Málaga manifestará en el pleno de este martes su "absoluto rechazo" al recorte en el Plan Provincial de Obras y Servicios y exigirá a la Junta que rectifique, de forma que, para la anualidad de 2011, se conceda una aportación similar a la de 2006, año desde el que se ha experimentado un descenso del 73 por ciento.

El portavoz adjunto del PP en la Diputación, Daniel Sánchez, solicitará la modificación presupuestaria que permita alcanzar la totalidad de la financiación aprobada y que impida que los ayuntamientos de la provincia se vean perjudicados por este recorte, así como aquella que posibilite financiar dicho plan conforme a su aprobación inicial.

De no efectuarse esta última modificación, el PP propone que se disminuya el importe del Plan Provincial, explicando a los consistorios malagueños que se debe a la desaparición de la aportación autonómica, al mismo tiempo que instará a la Junta de Andalucía a que reconozca "por ley" aportaciones "suficientes" para su futura financiación.

Según ha explicado Sánchez a Europa Press, frente a los 1,02 euros que recibía cada habitante en 2006 se ha pasado a 0,26 en 2010, de forma que, en palabras del diputado 'popular', este recorte se vuelve "más dramático" al efectuarse nueve meses después de que las diputaciones tuvieran aprobado definitivamente su plan provincial.

Ley de morosidad

Por otro lado, los diputados provinciales del PP Francisco Salado y Fernando Fernández-Tapia presentarán otra moción al pleno de la Diputación para instar al Gobierno central a cumplir la Ley de Morosidad —aprobada en julio de 2010—, poniendo en marcha, en el plazo de un mes, la nueva línea de crédito del ICO-morosidad Entes Locales, con el objetivo de otorgar liquidez a los ayuntamientos para que paguen las deudas que mantienen con sus empresas y autónomos proveedores con anterioridad al 30 de abril.

De esta forma, también solicitará al Estado que "asuma" los intereses de demora generados por los ayuntamientos por aplazar los pagos desde la fecha en que tenían que haber entrado en vigor estos créditos ICO, así como que, "de una vez por todas", impulse la elaboración de una Ley de Financiación Local que establezca un sistema "justo, suficiente y equitativo" para las corporaciones locales.

Según han indicado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) "no abrirá la línea para financiar la morosidad de los ayuntamientos porque ello supone aumentar el déficit del Estado".

No obstante, la moción destaca que esta decisión ha sido tomada sin tener en cuenta las necesidades de los ayuntamientos ni la opinión de las fuerzas políticas ni de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y "se traducirá inevitablemente en impagos, cierre de empresas y, con ello, en nuevos aumentos de las cifras de parados".