IULV-CA pedirá ampliar diligencias de 'Poniente' al detectar sociedades "muy cercanas" a familiares del PP

El partido IULV-CA de El Ejido (Almería) ha anunciado este viernes que seguramente vaya a solicitar la comparecencia como testigos a los propietarios o accionistas de la entidad Jardines de Nevada, ya que la formación, que ejerce la acusación popular en la presunta trama de corrupción municipal que abarca la operación 'Poniente', dice que le consta que uno de los imputados en el caso, concretamente el empresario Jesús Aragón, "ha tenido alguna relación muy cercana con sociedades muy importantes del PP y sus familiares" a través de la sociedad Laupa Gestión.
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En rueda de prensa, el secretario local del IU ejidense, José Gabriel Luque, ha señalado directamente al PP como uno de los "responsables" de las actuaciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, pues según ha indicado "el PP es el principal causante" de la supuesta trama, ya que ésta se inició cuando el alcalde imputado, Juan Enciso (PAL), aún se encontraba en la filas 'populares' antes de la creación del partido municipalista en 2005.

Así, ha manifestado que el PP "ahora no puede decir que ellos no tienen nada que ver y es obra de Enciso" y les ha considerado "partícipes de lo que ha estado ocurriendo", hecho que ha motivado a los miembros de IU a estudiar la petición de nuevas pruebas testificales y aportar documentación que, dice, obra en su poder.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de El Ejido de IU, Serafín Pedrosa, ha incidido en algunos aspectos incluidos en la investigación como la supuesta adjudicación de obras y servicios "sin los más mínimos requisitos", caso en el que se ha referido a la concesión de obras municipales a un cuñado de el regidor ejidense con las que presuntamente facturó 3,5 millones de euros. "Decía que su cuñado también tenía derecho a trabajar pero vemos que no era un trabajo cualquiera sino un tráfico de influencias claramente manifiesto", ha señalado.

Igualmente, ha insistido a raíz de los datos que el canon municipal para el pago de los trabajos que realizaba Elsur estaba "inflado" según los informes técnicos, un canon sobre el que "tanto el PP como el PAL tenían conocimiento de que no correspondía con los servicios que prestaba Elsur".

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