Aprobado el Plan de Equipamientos del Valladolid Arena, pero el PSOE reclama un aval que garantice el pabellón deportivo

La Comisión de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en sesión extraordinario este viernes el Plan Especial de Equipamientos del proyecto Valladolid Arena, que incluye un pabellón polideportivo y una zona comercial y de ocio, con los votos favorables del Grupo Popular, la abstención del PSOE y la oposición de Izquierda Unida.

La Comisión de Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en sesión extraordinario este viernes el Plan Especial de Equipamientos del proyecto Valladolid Arena, que incluye un pabellón polideportivo y una zona comercial y de ocio, con los votos favorables del Grupo Popular, la abstención del PSOE y la oposición de Izquierda Unida.

El proyecto abarca una superficie cercana a los 100.000 metros cuadrados, con 29.562 metros para equipamiento deportivo público, 50.760 metros para uso comercial, 5.535 para un hotel y 11.600 para las zonas de aparcamiento.

De esta manera se da un nuevo paso en la tramitación de este proyecto, ideado en 2006 y que fue presentado como un compromiso electoral del PP en la campaña electoral de 2007. Tanto el Equipo de Gobierno como el Real Valladolid SAD, que promueve la iniciativa, esperan que esta aprobación implique la puesta en marcha definitiva y de hecho se señala este verano para el posible inicio de las obras.

No obstante, el portavoz del Grupo Socialista ha explicado que han optado por abstenerse en el debate en comisión sobre el 'Arena' porque tienen dudas sobre las posibilidades reales de que se construya el pabellón deportivo, pues para ellos debe ser la prioridad por encima de la zona comercial.

Por este motivo, el PSOE ha planteado que su opinión no será favorable al 'Arena' hasta que la Fundación Real Valladolid y la empresa que se haga cargo del proyecto no presenten un aval de 50 millones de euros que garantice la continuidad del pabellón deportivo si en algún momento se decide no afrontar sus obras. Así, en este caso podría ser el Ayuntamiento quien se responsabilizara de los trabajos mediante la ejecución del aval.

Además, los socialistas consideran que el proyecto presentado en el Ayuntamiento por el club de fútbol elimina algunas de las infraestructuras incluidas en el convenio firmado hace cinco años, como la pista de patinaje o el campo de rugby.

Por otra parte, Javier Izquierdo ha apuntado que la edificabilidad asignada al pabellón 'Arena', de unos 25.000 metros cuadrados, "no podría dar cabida" a un espacio para 12.000 espectadores, tal y como recogía el convenio. "Queremos que se respete el protocolo y el alcalde no puede decir que el Ayuntamiento se limita a tramitar", ha recalcado.

A este respecto, el concejal de Planificación, Infraestructuras y Urbanismo, Manuel Sánchez, ha puntualizado que el representante del PSOE no ha interpretado correctamente la ratio de edificación y, a su juicio, se podrían incluir un pabellón de hasta 24.000 espectadores.

Por otra parte, en cuanto al aval, ha explicado que este compromiso se incluirá en el estudio económico de la viabilidad que acompañará al proyecto definitivo de las obras, por ello cree que incluir 50 millones de euros "no tendría sentido". Así, ha manifestado que espera que "en lo sucesivo" el Grupo Socialista apoye la iniciativa.

Mientras tanto, el concejal de Izquierda Unida, Alfonso Sánchez, se ha mostrado nuevamente contrario a la construcción del proyecto ya que considera que esta "viciada" desde la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a la que considera "ilegal" y que está recurrida en los tribunales.

Izquierda Unida ha solicitado Informe Jurídico Municipal sobre las consecuencias de aprobar un proyecto que "podría ser anulado" y por lo tanto "se podrían solicitar daños y perjuicios por parte del promotor". En definitiva, Alfonso Sánchez explicó que ha solicitado un principio de precaución jurídico que el Grupo Popular no ha aceptado.

El representante de IU ha insistido en que no apoya el proyecto por su "falta de justificación del interés general, ahonda en el desequilibrio de la ciudad, se crean artificialmente aprovechamientos urbanísticos, duplica los problemas de tráfico, se desvirtúa el concepto de servicios públicos y sistemas generales, se da un trato de favor en beneficio de una entidad privada y se incumplen las reservas de espacios libres".

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