Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Valladolid procedieron durante tres fases a la desarticulación de un grupo delincuencial especializado en estafas y falsedad documental, mediante las cuales conseguían hipotecas y préstamos personales. Como consecuencia de la desarticulación del grupo, al que se imputan fraudes por valor superior a los 600.000 euros, se ha interceptado a diecisiete personas, deteniéndose en dos ocasiones a la cúpula del mismo.

En la primera fase de la operación, llevada a cabo a finales del mes de junio, el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial practicó diez detenciones, englobando en éstas tanto a los dirigentes como a los testaferros, así como colaboradores que tenían en diferentes ámbitos, como eran un asesor financiero, el propietario de una inmobiliaria y una empleada de banca, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril, cuando los agentes del Grupo de Delincuencia Económica tuvieron conocimiento, a través de la denuncia efectuada por el director de una sucursal bancaria, que les habían solicitado una hipoteca y habían empleado para ello nóminas falsas. Si bien inicialmente no lo habían detectado, en el momento en que no pagó el titular del préstamo las cuotas el Departamento de Riesgos verificó la documentación aportada y detectó la falsedad.

Tras identificar al presunto cabecilla, las gestiones se fueron derivando hacia la identificación de todo el grupo, ya que para la comisión de este tipo de hechos se requiere de un número de gente, la cual va asumiendo diferentes responsabilidades en el organigrama de la organización, los cuales luego se reparten los beneficios en función de su nivel en el mismo.

Así, se detectó la compra fraudulenta de cuatro viviendas en Valladolid y la solicitud de dos hipotecas más para la compra de otras dos viviendas a nombre de personas sin recursos. Estos titulares de las hipotecas, denominados 'testaferros', sólo tenían que cumplir la condición de no figurar como morosos en alguno de los listados habitualmente consultados por las entidades de crédito. El grupo explotaba la necesidad económica de estas personas, que sólo se veían recompensados con una pequeña cantidad dineraria.

En esta primera fase se procedió a la detención de Rafael M.F, cerebro de la organización, nacido en 1977 en Valladolid y vecino de la misma;

Julio J.J, Gianfranco V, nacido en Wattwil (Italia) en 1971, con domicilio en Arroyo de la Encomienda y dueño de una inmobiliaria; el asesor financiero Antonio V. E, nacido en Madrid en 1973 y con domicilio en Valladolid; Roberto C.R.P, Daniel M.J, Domingo B.F, Nuria S.M, Recaredo B.M. y David D.S. TESTAFERROS

En una segunda fase de la operación, llevada a cabo a finales del mes de agosto, se practicaron cinco detenciones más, correspondiéndose todas ellas con personas que habían actuado como testaferros en diferentes operaciones de préstamos hipotecarios y personales. Se trata de Israel P.B, Justino U.S.J, Daniel P, Miguel Ángel R.G. y Alejandro M.C.

Finalmente, en una tercera fase, ésta ya desarrollada durante el presente mes de enero, los agentes encargados de la investigación, tuvieron conocimiento de que en Madrid, y a través del responsable de la inmobiliaria, el líder de la organización, utilizando a otros testaferros y en connivencia con el asesor financiero, habían efectuado otras cuatro operaciones en una entidad bancaria de esa capital, donde habían solicitado préstamos hipotecarios fraudulentos. Se procedió por ello a la detención de los tres principales encartados por estos nuevos hechos así como a la de los testaferros.

Así, nuevamente fueron detenidos Rafael M.F. y Gianfranco V, junto con Antonio V.E, Mariano A.P, nacido en Palencia en 1977 y con domicilio en Valladolid, y José E.C.O, nacido en Valladolid en 1962 y con domicilio en esta ciudad.

Se estima que el grupo habría obtenido unas ganancias superiores a los 600.000 euros, que repartían en estricto orden jerárquico.

El cerebro,

Ya condenado

Se da la circunstancia de que el presunto cerebro del grupo, Rafael M.F, ha sido recientemente condenado por la Audiencia de Valladolid junto con otras cinco personas a penas que suman once años y medio de prisión, tras considerar probado que entre los años 2005 y 2006 y de común acuerdo compraron vehículos y electrodomésticos y solicitaron préstamos bancarios, todo ello por un montante superior a los 250.000 euros, mediante el uso de documentación falsificada para así eludir el pago de los efectos adquiridos que, además, transferían posteriormente a terceras personas.

La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, que además de las penas de cárcel incluye multas por importe global de 20.880 y el pago, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones que superar los 267.000 euros, no atendió la petición absolutoria de las defensas y coincidió prácticamente con la petición global del Ministerio Fiscal, que había interesado un conjunto de penas que sumaban quince años de cárcel y multas por importe de 21.120 euros.

De entre los implicados, Rafael M.F, con una pena de tres años de prisión, resultó el más perjudicado de los seis procesados.