El Tribunal de Cuentas ha incoado "actuaciones previas" sobre el destino de aproximadamente 430.000 euros ingresados por el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), gobernado por María José Cervantes (PSOE), a cuenta de dos convenios urbanísticos. La actuación de la institución obedece a los documentos elevados por el grupo de concejales de Unión Minera, que sospecha que tales ingresos no habrían sido destinados al desarrollo del patrimonio público del suelo pese a que así lo estipula la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Según la denuncia de este grupo independiente, recogida por Europa Press, este montante económico corresponde, en concreto, a más de 360.000 euros percibidos por el Ayuntamiento a cuenta del convenio firmado en 2005 con Fincasur Inmueble S.L. para el desarrollo de la denominada 'Finca las Raspas', así como a unos 70.000 euros ingresados merced al convenio firmado en 2007 entre el Consistorio y Manuel M.G. para el desarrollo de los suelos bautizados como 'La Poza'.

Según la Unión Minera, tales ingresos, destinados al patrimonio público del suelo según la LOUA, habrían sido "utilizados para sufragar otros gastos que no coinciden con los contemplados por la citada Ley", advirtiendo el grupo independiente de que, a través de varios escritos y de una pregunta en el pleno, se ha solicitado al Ayuntamiento información en cuanto al uso de tales ingresos, sin que los demandantes hayan obtenido supuestamente aclaraciones.

El teara había desestimado el caso

El asunto había sido ya elevado al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (Teara), si bien dicha institución desestimó la denuncia en cuestión.

El Tribunal de Cuentas, mediante un escrito fechado el 26 de enero de 2011 y recogido por Europa Press, da cuenta de la "tramitación" de la denuncia y del "análisis de los documentos remitidos por la representación legal del ayuntamiento investigado". Para el grupo de concejales de Unión Minera, el Gobierno municipal socialista ha incurrido en "un incumplimiento de la aplicación de la norma jurídica, ya que las cantidades depositadas por los promotores inmobiliarios no están consignadas en una cuenta reservada para usos relacionados con el desarrollo urbano local".

Responder "con sus propios bienes"

De las actuaciones previas iniciadas por el Tribunal de Cuentas, los independientes deducen que "estaríamos ante un caso de responsabilidad contable directa y dado que esta responsabilidad es solidaria, obligaría tanto a la alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, así como al interventor municipal y al tesorero, a responder solidariamente con sus bienes por los perjuicios causados".

Sobre esta denuncia, María José Cervantes ya había dicho a Europa Press, en el momento de su entrega al Teara, que el Gobierno municipal contesta debidamente a la oposición "en los órganos" municipales correspondientes, advirtiendo de que los concejales de Unión Minera "no acuden a ninguna comisión informativa, pese a estar convocados en tiempo y forma". "No acuden a los órganos a los que deben acudir", señaló la alcaldesa de Villanueva del Río y Minas.