El PP-A ha registrado un total de 42 enmiendas al proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz que se está tramitando en el Parlamento, entre las que se incluye la derogación de los decretos, el del 27 de julio y el del 23 de noviembre de 2010, que fueron aprobados por el Consejo de Gobierno, para que así se pueda comenzar "de cero" y buscar el consenso con todos los colectivos de funcionarios y empleados públicos.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha explicado en rueda de prensa que las enmiendas de su partido (24 de supresión, 12 de adición y seis de modificación) son "constructivas" y plantean claramente la alternativa del grupo popular en relación con este asunto, que no se ha podido abordar de "peor" manera por parte del Ejecutivo.

Los dos decretos cuya derogación demandan, según Sanz, han sido un "cúmulo y un serial de despropósitos", y lo que "mal empezó, mal sigue" porque el PSOE, en lugar de buscar el consenso se ha dedicado a "insultar" a los funcionarios que han protestado, llamándolos fascistas o comparándolos con Batasuna.

Ha insistido en que el decreto que se tramita como proyecto de ley en el Parlamento está hecho "con los pies" y si no hay una rectificación o se da marcha atrás, a la Junta le van a "llover los recursos". El conjunto de las enmiendas del PP-A, según ha apuntando Sanz, constituyen una "enmienda a la totalidad al texto".

Para el PP-A, la reordenación aprobada por el Consejo de Gobierno no sólo no va a suponer una minoración sustancial del gasto del sector público, sino que "se puede estar lesionando de forma irreversible nuestro ordenamiento constitucional al conculcarse principios y derechos fundamentales, como el derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo público consagrado en nuestra Constitución o el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, al haberse impuesto en su origen sin la preceptiva negociación".

A su juicio, estamos ante un modelo de reordenación "equivocado, que en esencia es conflictivo, que no tiene precedentes en otras comunidades ni tampoco en las reordenaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Administración General del Estado, donde expresamente se ha desautorizado la creación de ninguna nueva Agencia estatal", al tiempo que entra en "clara contradicción" con las propias medidas aprobadas por el Gobierno central para reducir el déficit.

En relación con las enmiendas de supresión, Sanz ha explicado que se plantea la supresión de todas las secciones donde se crean ocho agencias. El PP-A plantea suprimir los aspectos que permiten el ejercicio de potestades públicas a titulares de órganos directivos no siendo funcionario ni autoridad pública, así como los que otorgan mayor potestad al Consejo de Gobierno en detrimento del control parlamentario. Asimismo, se pide suprimir todo contenido que busca una "deslegalización en toda regla para modificar y refundir agencias", supuestos en los que se requiere ley formal.

El PP-A considera además que la coordinación de las agencias adscritas debe hacerla la Consejería competente y no una agencia de coordinación. Otra enmienda de supresión se debe a que "la modificación planteada en el régimen jurídico de las agencias de régimen especial genera confusión e indeterminación jurídica".

Respecto a las enmiendas de modificación, el grupo popular propone añadir la palabra reforma al nombre de la ley porque no se plantea sólo una reordenación del sector público. Asimismo, plantea recoger que las agencias públicas empresariales no ejercerán en ningún caso potestades administrativas ni recibirán encomiendas de gestión que impliquen, directa o indirectamente, el ejercicio de dichas potestades.

En cuanto a las doce enmiendas de adición, seis de ellas constituyen un nuevo capítulo sobre directrices para la reordenación del sector público. Así, se plantea que el personal no directivo al servicio de las sociedades mercantiles del sector público andaluz se rige por el Derecho Laboral y su nombramiento irá precedido de convocatoria pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Personal directivo

PP-A también plantea que la designación de personal directivo al servicio de las fundaciones del sector público se haga atendiendo a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de gestión en el sector público y/o privado, al tiempo que estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados.

De igual manera, se recoge que el Gobierno andaluz presentará al Parlamento en el plazo de 6 meses un Plan de reordenación y racionalización del sector público andaluz, previamente negociado en los órganos de negociación establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y, en todo caso, con respeto a lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, elaborado conforme a las directrices señaladas en el presente capítulo.

Dicho plan, según el PP-A, deberá venir acompañado de una memoria económico- financiera justificativa de la reordenación, así como de auditorías de regularidad contable y operativa sobre cada una de las entidades instrumentales afectadas por el Plan, del proyecto de estatutos de las nuevas entidades fusionadas o refundidas, en su caso, y el plan inicial de actuación de dichas entidades.

El secretario general del grupo popular y ponente en este asunto, Jorge Ramos Aznar, ha manifestado que quieren apuntar "cordura y sentido común" en este asunto, y no ayudar al PSOE en una "orquesta de la confusión". A su juicio, el PSOE tiene una "carencia absoluta" sobre lo que debe ser un modelo racional del sector público y de la administración.