El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, Severino García Vigón, ha rechazado este viernes la idea de que el caso que ha llevado a la cárcel al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, por una presunta trama de corrupción con adjudicaciones a empresas pueda terminar derivando en una "sospecha generalizada" sobre compañías suministradoras de la Administración o sobre los funcionarios que tienen la responsabilidad de contratar.

"Hay que dejar trabajar a la justicia" ha manifestado Vigón, a preguntas de los periodistas, antes de participar en la clausura de la Asamblea general extraordinaria de la FADE.

Así, Severino García Vigón ha recordado que todas las personas implicadas en la investigación son "presuntos" y ha comentado que las empresas involucradas son compañías "homologadas como suministradores".

Además de Riopedre han ingresado por orden del juez en el centro penitenciario de Villabona la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Gobierno del Principado, María Jesús Otero, y la ex jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo, también por su vinculación a una presunta trama de adjudicación irregular de contratos.

Todos fueron detenidos el lunes, al igual que los empresarios de las compañías Igrafo y Almacenes Pumarín, aunque estos han sido puestos en libertad con cargos y con una fianza de 300.000 euros. La juez ha decretado el secreto de sumario.