El delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Carlos Vázquez (IU-CA), ha lamentado este jueves el rechazo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) a formar parte del Pacto por la Seguridad y la Salud Laboral que el Consistorio firmará próximamente con agentes sociales de la ciudad para combatir la siniestralidad y reforzar los controles de prevención en el trabajo.

Carlos Vázquez considera en un comunicado un "auténtico despropósito" los argumentos ofrecidos por la patronal de la capital hispalense para no sumarse a esta iniciativa que, en cambio, sí ha recibido el apoyo de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A) y el de los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras.

Alegar que en estos momentos no se dan circunstancias de especial gravedad o una alarma social que justifiquen mínimamente este pacto, como ha planteado la CES, "pone en evidencia", en opinión del delegado del ramo, "cuál es la verdadera agenda de prioridades y de objetivos de esta organización que, a tenor de lo visto, no coincide en absoluto con la nuestra".

De este modo, Vázquez se ha remitido a los datos reflejados en el último Barómetro de Economía Urbana de la ciudad, según el cual entre los meses de enero y septiembre de 2010 se produjeron en la provincia 19.606 accidentes laborales. Esta cifra supone un descenso del 8,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, si bien los accidentes con resultado de muerte mostraron una evolución contraria, ya que experimentaron un aumento del 9,5 por ciento en relación con los nueve primeros meses de 2009.

Otro dato para la preocupación, a juicio del delegado, es el incremento del número de minutos de silencio que se vienen guardando a las puertas del Ayuntamiento por cada andaluz que muere en el tajo. Así, mientras que en 2009 se realizaron 31 concentraciones con un total de 32 trabajadores fallecidos, en 2010 han sido 41 los siniestros contabilizados.

Por otro lado, Vázquez niega que no se haya invitado a la CES a participar en este pacto. Por el contrario, sostiene que se le ha hecho llegar el borrador para que aporte sus propuestas y enmiendas como al resto de agentes sociales. "Que no se busquen excusas para no implicarse en el proyecto porque han recibido el mismo trato que los demás, lo que pasa es que a unos les interesa trabajar por la seguridad laboral, mientras que otros no pueden ocultar sus insensibilidad ante un problema tan grave como el de la siniestralidad", ha apuntado.

"No se trata de duplicar servicios sino de redoblar esfuerzos para erradicar entre todos esta lacra", ha asegurado Vázquez, quien ha añadido que el coste económico de esta iniciativa, en cualquier caso, no será, en principio, muy elevado. De todos modos, advierte que "seguir la filosofía de la CES de ahorrar costes en asuntos tan importantes como la prevención y la seguridad, desgraciadamente, sólo conduce a más precariedad y a más muerte en el trabajo".

Este nuevo pacto contempla la creación de un Observatorio Municipal de Salud Laboral, adscrito a la Agencia Urbana de Desarrollo Integral Sevilla Global, del que formarán parte todas las organizaciones firmantes y cuyo cometido principal consistirá en hacer un seguimiento de cuantos accidentes laborales, graves o muy graves, se produzcan en la capital hispalense.

Este instrumento asesorará al Ayuntamiento, a las empresas que lo soliciten y a sus delegados de prevención, a la par que habilitará un puente de colaboración entre el Gobierno local, la Fiscalía y la Inspección de Trabajo. En tal sentido, los sindicatos firmantes se comprometen a personarse en aquellos casos relacionados con accidentes laborales iniciados por alguno de estos dos organismos y a mantener informada a la Delegación de Economía y Empleo sobre el estado y la evolución de las investigaciones en curso.

El Observatorio acreditará a personal especializado para efectuar inspecciones y tareas de supervisión en las distintas obras que se desarrollan en la ciudad. Si éstas son municipales, además de los sindicatos, podrán entrar también funcionarios del Ayuntamiento. Si son privadas, quedará en el marco de las competencias de los sindicatos que, no obstante, compartirán con el Gobierno municipal los pasos que den y las decisiones que adopten.

Asimismo, las empresas que voluntariamente demanden la asistencia de los representantes acreditados y obtengan una valoración positiva recibirán una mención honorífica por parte del Ayuntamiento, circunstancia que podrá ser alegada como mérito para futuras concesiones.

En este momento se están presentando las enmiendas y sugerencias al borrador elaborado por el Consistorio. La intención municipal pasa por cerrar este proceso en la primera quincena del mes de febrero y celebrar el acto de la firma en la segunda. Posteriormente, el texto se llevará a Pleno para su aprobación definitiva y su aplicación.

Con este pacto la Delegación de Economía y Empleo busca contar con "un nuevo mecanismo, útil y efectivo, para luchar contra la siniestralidad laboral" que, de algún modo, sustituya al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales anulado por el TSJA en diciembre de 2008, argumentando que, pese a su loable empeño, el Ayuntamiento carecía de competencias para enfrentarla de la forma en que se lo había propuesto.

Vázquez está convencido de que aquel varapalo judicial no se repetirá en esta ocasión porque "le hemos dado muchas vueltas al proyecto desde el punto de vista técnico para que no se limite a una mera declaración de intenciones políticas y, al mismo tiempo, cumpla con todos los requisitos legales existentes en esta materia".