El Gobierno de Castilla-La Mancha, que todavía está estudiando cómo aplicar algunas de las medidas que contempla el Plan de Consolidación de las Finanzas y los Servicios Públicos, se está planteando la posibilidad de sacar a la venta 5.000 viviendas propiedad de la Administración regional, ahora en régimen de alquiler, y gravar a los aerogeneradores instalados en la región, unos 3.026, de manera similar a la aprobada en 2008 por el Gobierno gallego.

Dicho plan de ajuste prevé un "ahorro real" de 775 millones de euros —el 75% de ellos del gasto corriente— y la "mejora" de los ingresos, a través de la recaudación vía impuestos de 200 millones de euros.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, el Gobierno está estudiando ofertar a las personas que residen en viviendas protegidas de la Junta de Comunidades en régimen de alquiler hacer un contrato de alquiler con opción a compra o comprar la vivienda si estuvieran interesados. El Gobierno tiene actualmente unas 5.000 viviendas públicas en propiedad, que son ofertadas en régimen de alquiler.

Ley gallega

En cuanto al impuesto que gravará el impacto visual de las instalaciones de producción eólica, fuentes del Ejecutivo regional han explicado que se está estudiando aplicar el impuesto de manera similar al aprobado por la Xunta.

En el caso gallego, esta tasa está regulada por ley desde 2008 y se establece que la tienen que pagar todos los parques instalados en la comunidad —los de nueva instalación y los que estaban antes de dicha fecha—.

La norma aprobada fija que los parques que tienen entre uno y tres aerogeneradores no pagan el tributo; los que disponen de entre cuatro y siete, pagan 2.300 euros por cada aerogenerador al año; si han instalado entre ocho y 15, deben abonar 4.100 euros por aerogenerador y, con más de 15, el impuesto asciende a 5.900 euros por aparato.

Otras medidas

El gravamen a las entidades financieras en función del volumen de depósitos que capten en la Comunidad Autónoma, el aumento a los tipos del impuesto ya existente que grava la producción de energía nuclear y el almacenamiento de residuos radioactivos, y la reprogramación de algunas de las inversiones públicas previstas son otras de las medidas contempladas a través de los 20 bloques que componen el plan.

Respecto a estas medidas, el Gobierno ha señalado que todavía está estudiando cómo se van a aplicar y no ha sabido precisar cuáles serán las inversiones públicas que tendrán que reprogramarse como consecuencia de este plan de ahorro. Durante la rueda de prensa de presentación del plan, la consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, puso de ejemplo el Plan de Infraestructuras Deportivas previsto hasta el 31 de diciembre de este año, que extenderá ahora su periodo de ejecución hasta 2013.