En este sentido, fuentes de la representación jurídica de Patricia Alfaro han informado a Europa Press de que, debido a que van a presentar este recurso de amparo ante el TC, han solicitado la suspensión del juicio, cuyo inicio estaba previsto para este viernes día 28 de enero, aunque finalmente la juez que sustituye a la titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla ha suspendido las declaraciones tanto del acusado, Fernando Vargas, como de los testigos previstas para este día y ha citado a partir de las 10,00 horas a los abogados para una reunión en la que se analizará el desarrollo de la vista oral.

De este modo, las mismas fuentes han explicado que, inicialmente, la juez había citado los tres días previstos para el juicio —28 de enero y 11 y 25 de febrero— al acusado, a todos los testigos y a los peritos, pero finalmente en la jornada de este viernes no habrá declaraciones y únicamente una reunión con los letrados para analizar el caso. La letrada de Patricia Alfaro ha confiado en que se suspenda el juicio y la juez se "inhiba" en favor de la Audiencia Provincial, pues el Juzgado de lo Penal "no es competente", motivo por el que están preparando la formalización de un recurso ante el TC.

La Fiscalía solicita para el procesado nueve años y seis meses de cárcel y el pago de una indemnización de 96.869,86 euros, pues entiende que condujo "de forma despreocupada, sin atender a las señales de tráfico y a una velocidad excesiva". De esta manera, el Ministerio Público imputa al encartado cinco delitos, pidiendo un total de cinco años de prisión por los dos delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria; cuatro años de cárcel por un delito de omisión del deber de socorro, y seis meses de prisión por un delito contra la seguridad vial derivado de conducir sin tener en vigor el permiso de conducir, mientras que solicita la absolución por un delito de hurto uso de vehículo a motor.

En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal relata que sobre las 18,00 horas del día 3 de abril, y estando en Cazalla de la Sierra, el acusado "se apoderó" de las llaves del coche de su madre, "que le tenía expresamente prohibido conducir debido a las numerosas infracciones cometidas por el acusado y que habían dado lugar a la pérdida de vigencia del permiso de conducir, siendo perfectamente conocida por el imputado esta circunstancia".

En estas condiciones, añade la Fiscalía, el acusado se dirigió con el coche hacia la capital hispalense, donde había quedado con unos amigos para ir a ver un partido de fútbol al estadio del Sevilla Fútbol Club, señalando que, "previamente y durante el partido, había ingerido una cantidad indeterminada de alcohol que le mermaban los reflejos y capacidades necesarios para conducir".

Bajo la influencia de bebidas alcohólicas

Agrega que, una vez finalizado el partido "y encontrándose claramente bajo la influencia de bebidas alcohólicas, condujo desde el estadio en dirección a la estación de Plaza de Armas, haciéndolo de forma despreocupada, sin atender a las señales de tráfico y a una velocidad excesiva atendidas las circunstancias del tráfico, pues al ser Semana Santa había una gran cantidad de peatones deambulando por la zona". "Pese a todo esto y consciente de que no podría reaccionar de forma adecuada si se planteara alguna incidencia, no adoptó ninguna medida de preocupación", apostilla.

El fiscal añade que, sobre las 00,40 horas y cuando se acercaba por el Paseo Colón a las inmediaciones de la Torre del Oro circulando por el carril central, el acusado "observó que el semáforo más próximo se encontraba en ámbar, por lo que lejos de aminorar la velocidad para detenerse en él, aumentó considerablemente la misma rebasando al vehículo que le precedía por la derecha para evitar parar", al tiempo que indica que el procesado, "que no pretendía parar en ningún semáforo, siguió circulando y acelerando para pasar el siguiente, que se encuentra en rojo, y continúa su marcha sin disminuir la velocidad para rebasar" el otro semáforo, también en rojo, ubicado poco antes de la Torre del Oro.

Tras señalar que entre el ámbar del primer semáforo y el rojo del tercero "sólo transcurren tres segundos", por lo que el imputado "debía circular a una velocidad próxima a los 108 kilómetros por hora", el fiscal agrega que "como quiera que, además de estar notablemente influenciado por el alcohol, sólo pensaba en rebasar los tres semáforos antes de que se le cruzara algún vehículo, no se percata de que por el paso de cebra de la Torre del Oro están cruzando tres mujeres".

Omisión del deber de socorro

En ese momento, dos de ellas "reciben un golpe brutal del coche del acusado, que lanza a Patricia Alfaro a 25,38 metros y a Almudena González a 29,38 metros del lugar del impacto, salvando la vida" la tercera de las peatones, y asegura que, "a pesar de que la vía es ancha, recta, diáfana y con absoluta visibilidad, el acusado no realizó ninguna maniobra evasiva ni frenó para evitar el atropello, sino que, es más, después del tremendo golpe continuó circulando pese a que tenía el cristal delantero cuarteado en la zona del conductor, haciendo imposible ver la calzada".

En este sentido, el fiscal imputa un delito de omisión del deber de socorro al argumentar que "no frenó tras el atropello, pues no tenía intención de parar, quedando sin embargo detenido a 211 metros del lugar del impacto porque con el golpe el vehículo sufrió daños mecánicos, entre ellos la rotura del manguito que alimenta de gasoil la entrada principal del motor, por lo que el coche solo pudo continuar la marcha hasta que consumió el combustible que tenía en ese momento en el motor". Añade que el acusado "fue alcanzado e interceptado por un taxista que, tras ver el atropello, salió en su persecución".

Para concluir, indica que el acusado dio en la prueba de alcoholemia un resultado positivo de 0,51 gramos por litro. Las acusaciones particulares que ejercen las familias de Patricia Alfaro y Almudena González piden para el procesado 36 años y 12 años y seis meses de cárcel, respectivamente. Por su parte, las acusaciones particulares que ejercen las familias de Patricia Alfaro y Almudena González piden para el procesado 36 años y 12 años y seis meses de cárcel, respectivamente.