Agentes de la Udyco Costa del Sol que investigaron el caso 'Malaya' han asegurado que el presunto cerebro de la trama de corrupción y ex asesor de Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, es incorporado a la operación Crucero Banús "porque no hay mejor manera de asegurar la viabilidad del proyecto que tener incorporado en el accionariado, y por tanto beneficiario directo, a quien tiene en su poder acordar y determinar las resoluciones municipales".

Han insistido en que la operación fue "un negocio concertado en el que todos conocían que iba a salir adelante e iba a haber licencia de obra". "No hay mejor manera de garantizar el buen fin del negocio que incorporando como beneficiario directo a Juan Antonio Roca Nicolás que, a nuestro juicio, era la verdadera persona que tenía en su poder la decisión de determinar qué construcción se realizaba en Marbella y qué construcción no se realizaba", han indicado.

Los tres inspectores, que ya comenzaron a declarar el martes, han insistido en que Roca "tenía y ejercía una posición de supremacía en todos los ámbitos del Ayuntamiento" y en que cuando se materializó la operación, en septiembre de 2001, "todo el mundo conocía el poder que tenía" tanto éste como también el exprimer teniente de alcalde marbellí, Pedro Román, también acusado por esta operación junto al letrado Juan Hoffman y a Florencio San Agapito.

No ingresos lícitos

Los investigadores han apuntado que en el caso de Roca "para nosotros, según todos los informes patrimoniales de que ha sido objeto, no tiene fuentes lícitas de ingresos" y, aunque no han podido precisar los pagos de cada socio, al haber sido analizado por otros agentes, sí han indicado que en la documentación intervenida había una hoja en la que aparecían los partícipes y la aportación de cada uno.

Lo que sí han sostenido es que los socios del presunto cerebro de la trama de corrupción en esta operación Crucero Banús debían saber que había procedimientos judiciales e investigaciones abiertas en relación con el Consistorio marbellí, poniendo como ejemplo el caso 'Belmonsa', en el que "se investigó un delito de prevaricación urbanística desde 1997" y en el que fueron acusados entre otros Roca y Román.

Han asegurado que en 2000 y en 2001 "todo el pueblo de Marbella había oído hablar de Juan Antonio Roca y de Pedro Román —exprimer teniente de alcalde marbellí y socio en la operación Crucero Banús— y de su implicación en distintos procedimientos judiciales". Los agentes han apuntado que estos procedimientos, entre los que también han citado el caso 'Camisetas', tuvieron "un eco social y público".

Han explicado que en las investigaciones por blanqueo no sólo se tiene en cuenta las sentencias firmes sino "cualquier acreditación que pudiera vincular a la persona con actividades delictivas graves" y han reiterado que "lógico es pensar que desde 1997 —cuando se comenzó a investigar 'Belmonsa'— la persona que vivía en Marbella era conocedor de que había un caso en el que había imputadas unas personas con las que luego actúan en un negocio en 2001".

"Había un procedimiento judicial en el año 97 al que se le dio una publicidad notoria y entiendo que cualquier persona, sobre todo dedicada a la materia urbanística, tenía que tener conocimiento de la existencia de éste", ha indicado uno de los inspectores, quien ha añadido que se trata de "valoraciones policial", reconociendo que carecen de una prueba directa de que los demás acusados, en concreto el letrado Juan Hoffman, tuvieran ese conocimiento.

También han apuntado que "la prevaricación es un delito de contenido económico porque nadie prevarica per se, subyace un delito de cohecho o malversación, como mínimo" y ha indicado que hubo procedimientos por prevaricación urbanística o delitos contra la ordenación del territorio relacionados con el Ayuntamiento marbellí detrás de los que "había un contenido económico que hemos logrado que aflore" con las investigaciones.

En su interrogatorio, el abogado del acusado Florencio San Agapito ha indicado que éste nunca ha ejercido como comisario, a pesar de que los investigadores así lo sostienen en sus informes a raíz de los datos aportados por la Agencia Tributaria.