Un imputado afirma que camiones echaron tierra de la carretera de Manacor en la finca de Aguiar y numerosos vecinos

El jefe de movimiento de tierras de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, y jefe de obras de Melchor Mascaró, Guillermo Mas, ha afirmado ante la jueza que instruye el caso Peaje, Ana San José, que varios camiones que trabajaban en estos trabajos echaron tierra procedente de estas obras tanto en la finca del ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, y del celador de Carreteras del Consell, Gabriel Mestre, así como de otros numerosos vecinos.

El jefe de movimiento de tierras de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, y jefe de obras de Melchor Mascaró, Guillermo Mas, ha afirmado ante la jueza que instruye el caso Peaje, Ana San José, que varios camiones que trabajaban en estos trabajos echaron tierra procedente de estas obras tanto en la finca del ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, y del celador de Carreteras del Consell, Gabriel Mestre, así como de otros numerosos vecinos.

Sin embargo, el imputado, asistido por el letrado Jaime Campaner, ha precisado que se trataba de la tierra sobrante de los trabajos y "sin ningún valor", cuyo traslado a estas fincas supuso además un beneficio para la UTE ya que de este modo se evitaba los costes de trasladar los restos a un vertedero o a la cantera situada frente el terreno de Es Pagos, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Tal y como ha concretado el encausado, en el caso de Aguiar fueron unos 35 camiones los que descargaron tierra en su solar. Precisamente, el mismo Aguiar reconoció estos hechos, aunque en su caso ha señalado que fueron unos 45 vehículos, y ha precisado que a veces se trataba de "cascotes" de las obras.

El ex director insular, defendido por José Zaforteza, ya aseveró que, de igual forma que él, "cientos" de propietarios de otros terrenos permitieron que la UTE Desdoblamiento C-715 descargara allí la tierra sobrante, que también "nosotros necesitábamos", de modo que entre éstos y el grupo de empresas se hicieron un favor recíproco.

La causa se inició a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía en marzo de 2009 a raíz del supuesto desfase de unos 23 millones de euros producido sobre la cantidad presupuestada para la reforma y modernización de la carretera, que corrió a cargo de la UTE. Numerosos responsables y gestores de las empresas de esta UTE también están encausados en este procedimiento, que indaga la posible comisión de delitos de malversación, cohecho y prevaricación, entre otros.

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