El grupo socialista mantendrá este miércoles una reunión con el grupo parlamentario de IULV-CA para abordar la tramitación del proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz, a 48 horas de que finalice el plazo para que los grupos presenten enmiendas parlamentarias al citado proyecto de ley.

Está previsto que en dicha reunión, que se celebrará en el Parlamento andaluz, participen el portavoz del grupo de IULV-CA, Diego Valderas, y el portavoz en materia de Economía, Pedro Vaquero. Por parte del PSOE estarán presentes el portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, y el portavoz en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, José Caballos.

Sobre el encuentro, Pedro Vaquero ha indicado a Europa Press que su grupo acudirá con "voluntad de diálogo" y a ver cómo reaccionan los socialistas sobre las enmiendas que ya tienen elaboradas al proyecto de ley, entre las que se encuentran las formuladas por UGT-A y CCOO-A. "Esperamos contrastar opiniones y encontrarnos una actitud receptiva por parte de los socialistas", ha añadido.

Dicha reunión se enmarca dentro de una ronda de contactos que está manteniendo el PSOE con los grupos parlamentarios para debatir sobre la tramitación del proyecto de ley de reordenación del sector público andaluz. El pasado viernes, el secretario general del grupo socialista, José Muñoz, y José Caballos mantuvieron una reunión con el secretario general del grupo popular, Jorge Ramos Aznar, y con la diputada Teresa Ruiz Sillero.

Ambas formaciones, según apuntaron a Europa Press fuentes socialistas, expresaron su voluntad de diálogo y de intentar acercar posturas, si bien en el encuentro celebrado el pasado viernes no se analizaron aspectos concretos sobre el contenido de las enmiendas de socialistas y 'populares'.

Sin embargo, este lunes el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, aseguraba que el decreto-ley de reordenación del sector público andaluz está "muy lejos" del consenso necesario entre los distintos grupos políticos y los sindicatos para su futura aplicación. A su juicio, tras la multitudinaria manifestación de funcionarios y empleados públicos del pasado sábado, la mejor opción pasa por la retirada del decreto y comenzar "desde cero".