El TSXG acepta un recurso de los propietarios de los aparthoteles de Samil y paraliza la demolición

El Ayuntamiento acatará la notificación y queda en suspenso el corte de suministro y el desalojo

La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha remitido este martes a los propietarios de los aparthoteles de Samil, sobre los que pesa una orden de demolición, una notificación en la que se acepta su recurso de súplica y que supone la paralización del derribo de los mismos, en tanto no se resuelva un recurso de casación interpuesto con anterioridad.

Según ha confirmado a Europa Press el abogado de los afectados, Carlos Abal, esta notificación "viene a dar la razón" a los vecinos, que pedían la paralización cautelar de la demolición, y obliga al Ayuntamiento a paralizar el proceso de desalojo y demolición del inmueble.

A finales de octubre pasado, el Ayuntamiento de Vigo recibió una providencia en la que se le instaba a ejecutar subsidiariamente la sentencia de demolición de esos inmuebles. Así, la administración municipal decidió no interponer recurso de súplica y acatar esa orden, por lo que inició el expediente de demolición.

Por su parte, los propietarios afectados sí presentaron recurso y este ha sido estimado, tal y como se ha sabido este martes. En la notificación del TSXG se recoge que "no procede llevar a efecto la orden de ejecución", ya que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por los vecinos y no hay auto firme. DEMOLICIÓN

El departamento de Urbanismo del consistorio vigués había iniciado un expediente de demolición, con la previsión de que el próximo 29 de enero se cortaría el suministro de agua y luz a los inmuebles afectados, y se procedería al desalojo de los vecinos. Así, estaba previsto iniciar los trabajos de derribo -una obra que costaría unos 2 millones de euros— en el mes de febrero.

Por su parte, los vecinos también iniciaron gestiones para tratar de legalizar la situación de los edificios, que tiene licencia para actividad hostelera, pero que no pueden tener uso residencial colectivo. Así, los vecinos han constituido una sociedad a la que han cedido la gestión de sus propiedades y han trasladado esa documentación al Ayuntamiento para pedir la correspondiente licencia.

No obstante, el concejal de Urbanismo ha advertido de que esa documentación aún está incompleta, y ha puntualizado que el mayor problema en este caso es la división horizontal.

Con respecto a la notificación que ordena la paralización de la sentencia de derribo, fuentes municipales han recordado que acatarán todas las notificaciones judiciales. "El Ayuntamiento inició el expediente de demolición porque lo ordenaban los juzgados, y ahora ordenan pararlo y así se hará", han añadido estas fuentes, que han abogado por "un urbanismo pulcro en todos los aspectos".

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