Santillana y Val de San Vicente constituyen sus Juntas Locales de Seguridad con menos criminalidad que en 2009

La primera reduce las infracciones penales en casi un 4% y el municipio costero alcanza el "mejor resultado" de los últimos años
Junta Val de San Vicente
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DELEGACIÓN GOBIERNO
Junta Val de San Vicente

El delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, ha presidido este martes la constitución de las Juntas Locales de Seguridad en Santillana del Mar y Val de San Vicente, con sus alcaldes Isidoro Rábago y Miguel Ángel González, respectivamente. Ambos ayuntamientos registraron durante 2010 unos índices de criminalidad inferiores a los de 2009.

En concreto, según datos de la Guardia Civil, durante el año pasado se registraron en Santillana un total de 18,65 infracciones penales por mil habitantes, inferiores a las 19,40 del año 2009.

En el caso de Val de San Vicente, el descenso ha sido de las 28,02 de 2009 a las 26,58 del año pasado, que supone la cifra más baja de criminalidad de los últimos cuatro años.

En cuanto a los delitos registrados, en el caso de Santillana bajaron de los 52 de 2009 a los 34 de 2010, y en Val de San Vicente, descendieron de 40 a 36 en el mismo periodo.

Según la Delegación del Gobierno, estos índices ponen de manifiesto el "alto grado" de seguridad ciudadana de ambos municipios, por debajo de la media regional, que el año pasado se situó en 29,4 infracciones penales por cada mil habitantes.

Pese a ello, el delegado del Gobierno y ambos alcaldes insistieron en mejorar la colaboración entre la Guardia Civil y las policías locales para prevenir y evitar la comisión de delitos y faltas.

A la constitución de las dos Juntas Locales acudieron también la subdirectora general de Justicia del Gobierno de Cantabria, Carmen Sánchez, institución que cuenta con representación tras las aprobación del decreto que contempla el reglamento de las Juntas, y el coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, Justo Chamorro, otros mandos del cuerpo y responsables de la Policía Local.

En las reuniones se analizó la evolución de la seguridad ciudadana en cada municipio durante 2010, en la que se ha constatado una disminución de los índices de delincuencia de los últimos años.

Por otro lado, en 2010 se registraron 26 denuncias por consumo de drogas en Santillana y 8 en Val de San Vicente. Los centros escolares y su entorno también han sido lugares en los que se ha continuado con una especial vigilancia sin que se haya detectado incidencia alguna, según la Delegación.

Ibáñez recordó que Cantabria tiene una tasa de infracciones penales de las menores de España, ya que la media nacional el año pasado fue de 45,8; dato que adquiere más importancia si se tiene en cuenta que España está entre los países con una tasa menor del continente y muy alejada de la media europea que fue de 69,1 infracciones, señaló.

Un foro sobre seguridad

El delegado del Gobierno resaltó la importancia de la constitución de ambas Juntas Locales, que es el foro "más adecuado" para analizar y valorar la situación de la seguridad pública en cada uno de los municipios.

En estos órganos se plantearán propuestas de coordinación y colaboración de la Guardia Civil con la Policía Local, y se elaborarán los planes para prevenir la comisión de hechos delictivos y aumentar la seguridad ciudadana.

Ibáñez subrayó la importancia de que tanto la Guardia Civil como la Policía Local dispongan de un órgano de coordinación para garantizar que los niveles de seguridad colectiva existentes se mantienen e incluso se incrementan en el futuro.

Violencia de género

Además, en la reunión se ha abordado la puesta en marcha de un protocolo de actuación conjunta para protección integral a las víctimas de violencia de género.

En virtud de este protocolo, tanto Guardia Civil como Policía Local establecerán, de acuerdo con la Delegación del Gobierno, a través de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, y con ambos ayuntamientos, los procedimientos de actuación para proteger a las mujeres que denuncian a sus maltratadores, y dotarles de los medios para garantizar su seguridad, además del seguimiento a los presuntos agresores.

En las próximas semanas, ambos municipios procederán a su incorporación a este protocolo para iniciar cuanto antes la valoración del riesgo personalizado de cada víctima y asignarles el nivel de protección que necesiten.

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