La patronal de Mercasevilla recurre la nueva tarifa por la vía Contencioso Administrativa

Los servicios jurídicos de la asociación de mayoristas de frutas y hortalizas del mercado central de abastos de Sevilla; Mercasevilla, han elevado a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento hispalense que resolvía la aprobación de las ordenanzas fiscales vigentes en 2011. El recurso, promovido merced al acuerdo de la asamblea de la Federación de Empresarios de la lonja, carga contra el incremento del 3,1 por ciento contemplado en el documento de las nuevas ordenanzas fiscales por lo que se refiere a la tarifa del mercado central de abastos.

Los servicios jurídicos de la asociación de mayoristas de frutas y hortalizas del mercado central de abastos de Sevilla; Mercasevilla, han elevado a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento hispalense que resolvía la aprobación de las ordenanzas fiscales vigentes en 2011. El recurso, promovido merced al acuerdo de la asamblea de la Federación de Empresarios de la lonja, carga contra el incremento del 3,1 por ciento contemplado en el documento de las nuevas ordenanzas fiscales por lo que se refiere a la tarifa del mercado central de abastos.

El gerente de la asociación de mayoristas de fruta y hortalizas del mercado central de abastos, Fernando Castro, ha informado este martes a Europa Press de que el pasado 21 de enero, los servicios jurídicos de la organización empresarial elevaron a la sala de lo Contencioso Administrativo del Alto tribunal andaluz un recurso contra el acuerdo plenario relativo a la aprobación de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Sevilla para el ejercicio 2011.

Según el documento de las ordenanzas fiscales de 2011, las tarifas de esta empresa participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa experimentan un incremento del 3,1 por ciento merced al plan de viabilidad anunciado hace meses por el Gobierno municipal y el director general del mercado central, Juan Carlos Recio. El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), en su dictamen previo al debate plenario, respaldaba esta subida de las tarifas, pero recomendaba que no se trate de una medida "aislada", sino encuadrada en un programa que reconduzca al mercado central de abastos.

Y es que la sociedad mixta cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y afronta un pasivo de 9.046.976,95 euros por la incertidumbre que pesa sobre la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2009, al que se adhirieron aproximadamente 40 trabajadores. La empresa, de hecho, se ha visto obligada a someterse a una reducción de capital previa a una ampliación, al objeto de evitar una posible causa de disolución.

A tal efecto, Fernando Castro ha recordado que la asamblea general de empresarios de Mercasevilla había acordado la impugnación de este acuerdo plenario en lo concerniente a la tarifa del mercado central de abastos, así como la impugnación de las liquidaciones individuales generadas a cuenta del incremento tarifario. Sobre este último aspecto, ha informado de que ya están "cerrados" los acuerdos correspondientes a la impugnación judicial de cada una de las liquidaciones, al objeto de que las actuaciones sean promovidas "de inmediato".

Posible cierre patronal y otras acciones judiciales

La federación de empresarios, igualmente, había acordado el 15 de febrero de 2011 como "fecha límite" para que la dirección de la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, negocie con el colectivo de empresarios y busque "una solución" al conflicto, porque agotado dicho plazo, una nueva asamblea general extraordinaria debatiría "medidas más drásticas" que incluirían incluso el "cierre patronal" de la unidad alimentaria.

La asociación de mayoristas de fruta y hortalizas de Mercasevilla, de otro lado, había contratado los servicios jurídicos del despacho de abogados Salas y Donaire al objeto de analizar "las distintas acciones penales y civiles a entablar para exigir las posibles responsabilidades en las que hubiesen podido incurrir los administradores de la sociedad, incluyendo a los miembros de los órganos de gobierno de la misma, —como es el caso de la comisión ejecutiva y el consejo de administración—, por si con su gestión pudieran haber causado un daño a la sociedad".

Las referidas acciones, así, podrían suponer incluso la personación de la asociación, en calidad de perjudicada dada su condición de accionista minoritario, en las distintas causas incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis, que investiga en torno a la anterior gestión de Mercasevilla un posible delito societario, un presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y las supuestas irregularidades en el concurso promovido para enajenar los suelos del mercado central.

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