IU-Verdes en Murcia preguntará si el Ayuntamiento "ha percibido 198 millones de convenios urbanísticos de zona norte"

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Murcia, Esther Herguedas, ha presentado una moción al Pleno del próximo jueves por la que solicita información sobre "el pago de los 198 millones de euros que debe percibir el Consistorio por la firma de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio".
Esther Herguedas
Esther Herguedas
IZQUIERDA UNIDA DE MURCIA

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Murcia, Esther Herguedas, ha presentado una moción al Pleno del próximo jueves por la que solicita información sobre "el pago de los 198 millones de euros que debe percibir el Consistorio por la firma de los convenios urbanísticos de la zona norte del municipio".

En concreto, ha explicado Herguedas en rueda de prensa, esa cantidad "es el resultado de la valoración del aumento de la edificabilidad atribuida a cada uno de los convenios, tasada en 120 euros por metro cuadrado".

Según la edil, los compromisos se materializan "en una cesión económica, en la construcción de determinadas dotaciones o en ambas cosas, y para todo ello se establecen unos plazos que dependen del desarrollo de los planes parciales a los que da lugar cada uno de esos convenios".

En este sentido, ha indicado que a fecha de hoy el Ayuntamiento "debería de haber cobrado cerca de 74 millones de euros de un total de 198.293.396 euros, quedando pendiente el resto".

"Sin embargo, no tenemos información de si se ha cobrado esta cantidad y si los pagos se han realizado en el momento correspondiente, aunque sí sabemos que algunos compromisos, como la entrega del teatro Circo en 2008 o la del campo de golf municipal de Nueva Condomina, no se han materializado, por lo que se estaría incumpliendo los acuerdos establecidos", ha advertido.

Herguedas también ha pedido en su iniciativa que la información pública sobre los convenios urbanísticos tenga carácter permanente y no se limite solo al momento de su firma, con el fin de cumplir el derecho de la información establecido en la Constitución y la permanente consulta pública a la que se refiere la Ley del Suelo.

A su juicio, "el posible incumplimiento de sus cláusulas, unido al hecho de algunos de estos convenios están siendo investigados por la fiscalía y podrían derivarse consecuencias jurídicas, son argumentos a tener en cuenta para proceder a una revisión de estos convenios que responden a un modelo urbanístico que ha demostrado su fracaso".

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