El Gobierno, a través del Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (Frob) podrá tomar participaciones en bancos y cajas de ahorros que no cumplan con las nuevas exigencias de capital a partir de septiembre y por un plazo máximo de cinco años, pero para ello tendrán que adoptar la forma de bancos.

Así lo han explicado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, quien ha añadido que transcurrido este periodo se buscará inversores para poder salir del capital.

Esta medida de nacionalización parcial se producirá en aquellas cajas que no alcancen el umbral máximo de capital que las entidades financieras necesitarán a partir de ahora, y que ha quedado situado en el 8% de sus activos ponderados por riesgo, porcentaje que podrá ser superior para las entidades que no coticen o que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros se superior al 20% de sus activos.

Salgado ha señalado en rueda de prensa extraordinaria para explicar estas medidas que el Gobierno adelanta de este modo el calendario previsto para Basilea III, y ha avanzado que se autorizará al Frob para la adquisición a partir de septiembre de acciones ordinarias de las entidades que no cumplan los requisitos o que lo soliciten, pero que en el caso de las cajas deberán convertirse en bancos.

La ministra ha señalado que el 8% son unas "exigencias extraordinariamente altas" que colocarán al sector financiero con los ratios de solvencia más altos de la zona euro", y defendió que ninguna tendrá problemas para superar las pruebas de 'stress test' que se realizarán en primavera con estos nuevos requisitos.

Las cajas de ahorro tienen hasta el 28 de febrero para comunicar al Banco de España si cumplirán el ratio de capital del 8% exigido. A partir de ahí, el organismo supervisor cuantificará qué cajas no cumplen con este requisito y cuánto capital necesitan.

Las entidades tendrán de plazo hasta otoño para capitalizarse. A finales de septiembre, el Banco de España hará un nuevo análisis sobre qué entidades finalmente no conseguirán llegar hasta este nivel y decidirá entonces la entrada del Frob en el capital de estas entidades.

La ministra ha señalado que las acciones del banco que podrá tomar el Frob pueden ser bien de una caja de ahorros o de una fundación, pero que se realizará en condiciones de mercado, y que para facilitar la salida del Frob de las entidades deberán reestructurar sus órganos de gobierno.

Durante el tiempo en el que el Frob esté en la entidad se acometerá un plan de saneamiento y de reestructutración con el fin de llamar la atención de estos inversores privados, y ejercerá los derechos políticos que le correspondan.

No obstante, la ministra de Economía ha subrayado que si las cajas de ahorros están capitalizadas y cumplen los requisitos exigidos podrán seguir siendo cajas.

No más de 20.000

Millones de capital

En cuanto a las necesidades de capital, el Gobierno estima que el sistema financiero necesita unos 20.000 millones de euros adicionales, pero que el Frob no los aportará en su totalidad, ya que las entidades deberán captar el capital de forma autónoma. "La intención es que todo o parte de esa cantidad pueda obtenerse en los mercados privados", ha añadido.

Asimismo, la ministra ha señalado que la ayuda pública del Frob no generará déficit pero que, en todo caso, podría elevar dos puntos el ratio de deuda sobre el PIB.

Esta medida se enmarca dentro del decreto ley que tiene previsto aprobar el Gobierno durante el mes de febrero, ya que quiere consensuar con el sector las reformas que afectan, principalmente a las cajas de ahorro.

Salgado, que ha comparecido en rueda de prensa extraordinaria para explicar las reformas, ha subrayado que la Ley de Cajas no experimentará cambios significativos y que, en cualquier caso, las medidas planteadas han contado con la colaboración del PP.

La ministra también ha recordado que las cuatro formas que contempla la Ley de Cajas para que las entidades puedan capitalizarse son formas validas y que van a permanecer en el tiempo para que cada caja puede elegir el camino a seguir.

Salgado ha explicado que el decreto ley, que se aprobará en febrero, es la fórmula más adecuada para tramitar estas nuevas medidas, ya que dotará de más seguridad al sector y que el objetivo de las nuevas medidas es fortalecer el sistema financiero y garantizar la confianza que el sector ha tenido siempre y que tras el rescate de Irlanda se ha puesto en duda.

Asimismo, la ministra ha subrayado que con la reforma también se persigue canalizar la financiación a la economía real y restaurar así los flujos de crédito y fomentar la creación de empleo.