La Junta firma un convenio para el desarrollo del programa para menores infractores con conductas adictivas (Pamica)

La Consejería de Sanidad y Dependencia; el Servicio Extremeño de Salud (SES); la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Asociación Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa Ambulatorio para menores infractores con conductas adictivas (PAMICA).
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JUNTA DE EXTREMADURA
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La Consejería de Sanidad y Dependencia; el Servicio Extremeño de Salud (SES); la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Asociación Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo del Programa Ambulatorio para menores infractores con conductas adictivas (PAMICA).

El programa se basa en una intervención educativa-terapéutica entre las familias y los menores infractores, con edades comprendidas entre los 14 y 19 años, que presentan conductas adictivas, derivados por el equipo técnico del juzgado de Menores.

La consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, ha explicado que el programa trata de ofrecer una alternativa educativa a los menores infractores con problemas de adicción a las drogas para prevenir una posible escalada delictiva en sus vidas, actuando en todos los ámbitos que rodean al menor para atajar el problema desde la raíz, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El programa, que ya comenzó a funcionar hace un año, es ejecutado por el Proyecto Vida, parte integrante de Cáritas, dedicada al ámbito de la prevención y la asistencia, bajo la supervisión y asesoramiento de la Secretaría Técnica de Drogodependencias del SES.

El convenio contempla tanto acciones formativas y socioeducativas para los menores y/o familias, dirigidas a la prevención y reinserción social en materia de conductas adictivas, como acciones de sensibilización para los menores y/o familias, relacionadas con la conducta que ha motivado la medida.

El fiscal superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco, ha destacado a su vez que el Ministerio Fiscal selecciona a los menores que pueden desarrollar estas acciones, ya que quedan excluidos aquellos que han cometido infracciones graves o con violencia o intimidación de las personas y ha añadido que se trata de una medida extrajudicial que pretende rehabilitar al menor con el fin de reinsertarlo socialmente, por lo que, dijo, se trata de un convenio importante.

Por su parte, el director de Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz, José María Vega, ha indicado que es fundamental que los menores sean tratados de las conductas adictivas antes de que tengan graves consecuencias, como la delincuencia, los problemas familiares o la exclusión social, y ha añadido que Cáritas trabaja en el ámbito de la intervención extrajudicial y también con menores internados, al tiempo que se trabaja en la prevención, todo ello con resultados bastante satisfactorios.

Los objetivos de este programa son orientar a las familias acerca de las estrategias más sensatas ante los desafíos educativos que les plantea su hijo; acompañarlas en la aplicación de esas nuevas estrategias, y escuchar activamente al menor.

También se trata de situar al menor ante la realidad y enseñarle a pensar en las consecuencias de sus conductas; animarle al buen cumplimiento de su medida judicial, planteándola como una oportunidad de pararse a pensar en sus actitudes y decidir cambios, y darle el protagonismo en su proceso de maduración y de cambio.

Otro de los objetivos es invitar al menor a plantearse en serio qué quiere hacer con su vida; dotarle de recursos: inteligencia emocional, estrategias de afrontamiento de problemas y toma de decisiones.

Los fundamentos legales de este programa son la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que en su artículo 6, establece que corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes; y la Ley 1/1999, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia y Reinserción de las Drogodependencias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, competencias que son ejercidas por la Dirección General de Salud Pública.

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