El borrador del anteproyecto de Ley de Convivencia y Participación educativa, presentado por la Xunta el pasado 4 de enero, contará con ocho enmiendas a la totalidad para su debate en el pleno del Consello Escolar de Galicia, que abordará la nueva normativa este viernes y cuyo dictamen no será vinculante, dado el papel consultivo de este organismo.

Las enmiendas fueron presentadas por los sindicatos CIG, FETE-UGT y CC.OO, la Coordinadora Galega de Movementos de Renovación Pedagóxica (con dos), la Federación Galega de Movementos de Renovación Pedagóxica, la Confederación Galega de ANPAs de centros públicos (Confapa) y el Seminario de Estudos Galegos. Estas entidades solicitan la devolución del texto a la Consellería de Educación para su reelaboración y la apertura de un proceso de diálogo para consensuar su contenido con los miembros de la comunidad escolar.

En rueda de prensa y acompañada por los portavoces sindicales de STEG, Xosé Cabido, y de FETE-UGT, Marcelino Brea, la responsable de Educación de CC.OO-Galicia, Machús Fernández, ha manifestado el "rechazo" conjunto de estas organizaciones al texto presentado por el titular de Educación, Jesús Vázquez.

Entre otras medidas, el borrador reconoce la condición de "autoridad pública" y la presunción de veracidad para el mantenimiento de la "disciplina"; faculta a los centros de regular la vestimenta de los alumnos y faculta a la participación directa de las familias en el proceso educativo a través de "mecanismos de consulta y participación directa".

A este respecto, Machús Fernández ha aclarado que la norma se ha elaborado "sin buscar la participación ni el acuerdo" con los distintos sectores de la comunidad educativa, de un modo "unilateral", a pesar de que aborda cuestiones "que afectan a las condiciones de laborales" del profesorado.

La sindicalista ha argumentado, a renglón seguido, que el texto actúa sobre el clima del aula "a través de las sanciones" y sin "ninguna estrategia preventiva" a pesar de que, según señala Marcelino Brea, Galicia presenta "un perfil muy bajo" en los índices de conflictividad, con un 0,26 por ciento de alumnos con expedientes disciplinarios abiertos.

Además y aunque el texto habla de "participación directa de las familias en el proceso educativo", el anteproyecto "no refleja en ningún momento el papel de los Consellos Escolares de los centros" y omite "escandalosamente" toda referencia a los órganos de participación.

Por esta razón, consideran que este apartado "sólo pretende habilitar" a la Consellería para la realización de la consulta sobre el idioma para "hacer y deshacer, sin concreción, sin límites legales" y "sin ningún tipo de control".

"escondiendo problemas"

En esta línea se ha pronunciado Marcelino Brea, de FETE-UGT, quien ha lamentado que la Ley descarte la principal "herramienta de la convivencia", que es "el diálogo", mientras se pretende "judicializar" las relaciones con el profesorado. Así, la Consellería "viene a demostrar la tónica" que mantiene desde la presentación "hace un año" de las bases para el Decreto del plurilingüismo, también en época estival.

Brea constata, de este modo, que el objetivo de esta Ley, que no aporta "nada nuevo" en el ámbito de la convivencia en los centros, es "esconder problemas gordos" como los recortes presupuestarios y de personal en los centros educativos.

Por parte de STEG, Xosé Cabido advierte de que la aprobación de esta norma supondrá "el reconocimiento de un fracaso" para el profesorado, al suponer la sustitución de "respuestas educativas" a los problemas por medidas "coercitivas".

En este sentido, el portavoz de STEG considera que la Xunta pretende dar una imagen de "batalla campal" en los centros para "desviar la atención" y mediante una visión "absolutamente represiva de la educación", tras recordar que ya existen sentencias que reconocen "la autoridad docente".

Finalmente, las organizaciones sindicales concluyen en que el objetivo de esta norma es "delegar" en los padres la "responsabilidad de diseñar los currículos" de la enseñanza a través de las consultas, funciones que corresponden a las Autoridades educativas.