La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un año de prisión, otro de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de 370 euros de multa al ex alcalde de Muro, Jaume Perelló (UM), tras alcanzar un acuerdo de conformidad con Fiscalía y acusación particular, en nombre del Consistorio, por el que se ha declarado culpable de un delito de electoral por haber engrosado el censo electoral del municipio entre febrero y mayo de 1999 con el objetivo de captar votos en las elecciones que tuvieron lugar en junio de ese año.

A través de este pacto, formalizado este lunes ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, que dictará sentencia en próximos días, se ha aplicado además la atenuante de dilaciones indebidas debido al tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos por los que ha sido condenado el reo, quien llevó a cabo diversas actuaciones a través de las cuales consiguió que quedaran empadronadas o reclamasen su inclusión en el censo electoral numerosas personas no vecinas de Muro y sin ninguna relación con este municipio.

Para ello, ayudado por el funcionario del Consistorio encargado de la estadística, Antonio Català, fallecido en 2005, en unos casos fueron empadronadas en un mismo domicilio varias personas sin vínculo alguno entre sí mientras que en otros aparecieron inscritas otras en lugares o domicilios inexistentes, como una cochera o una finca rústica, según la Fiscalía. Asimismo, aparecieron varias personas empadronadas, también sin relación entre ellas, en viviendas pertenecientes a personas allegadas al acusado.

Se da la circunstancia de que, tal y como señalaban las acusaciones y según ha admitido Perelló, muchos de estos empadronados se dieron de baja durante el mes de julio, una vez celebrados los comicios el 13 de junio de 1999.

En un principio, la Fiscalía solicitaba para el acusado cuatro años de prisión y una multa de mil euros, mientras que la acusación particular, ejercida por el abogado Rafael Perera, reclamaba tres años de cárcel para Perelló, asistido por el letrado Eduardo Valdivia.

Cabe señalar que entre los 28 testigos que debían declarar durante el juicio a propuesta de la acusación pública se encontraba el también ex alcalde, en su caso por Convergencia Democrática Murera (CDM), Miquel Ramis -actual propietario de Grupotel e imputado en el caso Palma Arena-, a quien precisamente Perelló había demandado años antes por un delito de prevaricación.