Julve declara este lunes como imputada en el marco de la Operación Cloaca

La exconsellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca y actual portavoz de UM, Catalina Julve, acudirá este lunes a las 10.00 horas a declarar como imputada en el marco de la denominada Operación Cloaca, ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma.

La exconsellera de Medio Ambiente del Consell de Mallorca y actual portavoz de UM, Catalina Julve, acudirá este lunes a las 10.00 horas a declarar como imputada en el marco de la denominada Operación Cloaca, ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma.

Julve, quien deberá defenderse de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad de documento oficial, ya se desvinculó de la trama investigada en torno a una posible emisión de facturas falsas y cobro de comisiones el pasado día 13 asegurando, en declaraciones a Europa Press, "no tener nada que ver".

Según indicó, las facturas en las que firmó durante la época en la que se habrían producido esas irregularidades las rubricó sin saber si estaban infladas o no. "Yo firmaba pero no tenía ninguna responsabilidad en averiguar si había alguna ilegalidad detrás de ellas, ya que por debajo tenía a 300 funcionarios", aseveró.

Por su parte, el presidente del partido en el que ella ejerce la portavocía, Josep Melià, se ha mostrado durante los últimos días "absolutamente tranquilo" en relación al desarrollo de la investigación judicial.

Además, el vicepresidente de UM, Miquel Munar, aseguró que Julve se irá "tranquilamente a su casa" tras declarar este lunes ya que, hasta ahora, "no se han detectado irregularidades" en su gestión como consellera insular de Medio Ambiente.

Durante los últimos días, el partido regionalista también ha criticado que los medios de comunicación se hayan enterado antes que la propia Julve de su declaración ante el juez, algo que, según Munar, no debería suceder en un Estado de Derecho "evolucionado" ni en una democracia del siglo XXI, donde "los ciudadanos tienen unos derechos y no debe haber juicios paralelos".

Durante una rueda de prensa celebrada el pasado miércoles, el vicepresidente 'uemita' subrayó que ni Julve ha planteado al partido su dimisión, ni UM se lo ha pedido. En este sentido, recordó que el código ético de la formación estipula que sólo cuando se decreten medidas cautelares contra algún dirigente, éste deberá presentar su baja.

Cabe recordar que este viernes el Consell de Mallorca anunció su personación como acusación particular en el caso para poder reclamar el dinero supuestamente defraudado por varias empresas a la institución insular, que podría oscilar entre 1 y 3 millones de euros, a través de facturas infladas correspondientes a la recogida de residuos de la Part Forana.

El Consell adoptó esta decisión tras ser estudiada la causa por sus servicios jurídicos, que consideran que la institución debe defender sus intereses en este nuevo caso de supuesta corrupción.

Cabe señalar también que el sábado de la pasada semana el juez de instrucción número 9 de Palma decretó libertad provisional sin fianza para el ex director general de Residuos del Consell, Guillem Riera, y para el empresario del sector de residuos de la Part Forana, Simón Galmés Veny, a quien les retiró el pasaporte, les prohibió abandonar el territorio nacional y les ordenó personarse cada 15 días ante la autoridad judicial.

Además, se detuvo a otras cuatro personas, quienes se encuentran en libertad con cargos, la directora financiera del grupo empresarial Melchor Mascaró, María Mascaró; la economista del servicio de Residuos del Consell, María Morey; el funcionario e ingeniero técnico encargado de supervisar las facturas relacionadas con la recogida selectiva y de controlar la ubicación y gestión de los contenedores de la isla, Gabriel Perelló; y un responsable de la Unión Temporal de Empresas FCC (E.F.A.).

La Operación Cloaca investiga una trama urdida desde el Consell con la connivencia de varias empresas concesionarias del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos en la que se habrían inflado y duplicado facturas.

Este caso de supuesta corrupción llegó a la Fiscalía después de que este verano los servicios jurídicos de la institución insular encargaran una auditoría al detectar que había una sobrefacturación en el departamento de Medio Ambiente que podía superar el millón de euros.

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