El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha decretado la apertura de juicio oral para, entre otros, el ex alcalde de Gójar (Granada), Francisco Javier Maldonado (PP), por un supuesto delito contra la ordenación del territorio, otro de falsificación en documento público y un tercero de falsificación en documento oficial.

Concretamente, se le atribuye la supuesta concesión ilegal de tres casetas de aperos, la modificación del sentido de un informe técnico para darle legalidad y la alteración del Plan General de Ordenación Urbana, hechos por los que el Ministerio Público solicita para él en sus conclusiones provisionales diez años de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargo público.

Así consta en el auto de procedimiento abreviado dado a conocer en rueda de prensa por el actual alcalde de Gójar, Pedro Clavero (PSOE), que también está imputado en este procedimiento —aunque lo ha recurrido— junto al primer teniente de alcalde, la concejal de urbanismo, y otros dos ediles más.

La Fiscalía pide para Clavero un año de prisión y ocho de inhabilitación para ejercer cargo público al considerarlo responsable de un delito contra la ordenación del territorio por asistir cuando era concejal de la oposición a la comisión informativa de urbanismo donde se aprobó por unanimidad la concesión de la licencia. Para el resto, que también estuvieron en esa sesión, pide penas que van entre uno y cuatro años y medios de prisión.

Según consta en el escrito de acusación pública, los acusados acordaron conceder la licencia de obra para la construcción de tres casetas de aperos pese a no tenían la superficie mínima exigida para poder construir y en contra de lo que permitía el PGOU, unos hechos en los que la Fiscalía aprecia un delito contra la ordenación del territorio.

Falsedad en documento público

Además, la Fiscalía aprecia un delito de falsedad en documento público que atribuye a Maldonado porque éste modificó el sentido del informe del técnico municipal que señalaba que no podían darse dichas licencias ya que no cumplían los requisitos establecidos en el PGOU.

Por su parte, el alcalde de Gójar ha indicado que a lo largo de la investigación se pudo demostrar que la publicación del PGOU fue alterada y falseada, publicándose un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, hechos por los que la Fiscalía aprecia el delito de falsificación de documento oficial.

Clavero ha señalado que este caso se origina por la denuncia telefónica al Seprona de la concejal de Urbanismo imputada que no se ratifica finalmente por la misma, y de la que no se aporta la documentación que la policía judicial requiere entonces. A raíz de ahí la Fiscalía actúo de oficio y denunció a todos los miembros del anterior equipo de gobierno.

El regidor socialista recuerda que Maldonado ya ha reconocido ante el juez haber cometido una falsedad en la publicación del PGOU, al señalar que concedió las licencias a estas construcciones "porque cuando se publicara el PGOU se modificaría".

El actual alcalde subraya que estas comisiones de acuerdo a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local no tienen la potestad de dar licencia, motivo por el que se produce el delito, y es en base a ello por lo que recurre esta decisión de la Fiscalía. Además, Clavero apunta que él se limitó a acudir como concejal de la oposición a la comisión informativa, pero en ningún caso participó de la decisión.