Los vascos con dificultades económicas podrán reclamar ante el juez el derecho a tener una vivienda digna tal y como recogerá la futura Ley de Vivienda que prepara el Gobierno vasco, mientras que Baleares garantiza el derecho a "un cobijo" para personas en situación de dificultad. En lo que es pionera la CCAA isleña es en el "derecho subjetivo" a no pasar hambre, cuya cumplimiento podrá reclamarse ante un juez.

Mientras que en Euskadi se garantiza "una vivienda en propiedad", o en su defecto una ayuda para acceder al mercado libre, la Ley balear de Servicios Sociales garantiza "un cobijo y facilita el acceso a albergues o a pisos de acogida para transeúntes a todo aquel que lo reclame", han explicado a Europa Press fuentes de la conselleria de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración.

Así, la conselleria que dirige Josefina Santiago trabaja "por asegurar un techo a todo el que lo necesite dentro de la red asistencia creada para este fin, de modo que nadie se quede en la calle por falta de recursos", han matizado las mismas fuentes. BALEARES,

Pionera en el derecho a no pasar hambre

Por su parte, Baleares dispone de la primera ley autonómica que recoge el "derecho subjetivo" a no pasar hambre, de modo lo podrán reclamar ante los tribunales.

De acuerdo lo establecido en el texto de la normativa isleña, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores. 18

Meses para elaborar la cartera de servicios

Todos estos aspectos quedarán concretados en la cartera de servicios de la norma, aprobada en junio de 2009, que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo y que, en el actual marco de crisis económica, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables.

A partir de la aprobación de la normativa, se inició un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para elaborar una cartera de servicios sociales que se aprobará por decreto y que, como elemento básico de la Ley, definirá los "derechos subjetivos" que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales. la definición de dicha cartera está ya muy avanzada de modo que en breve podría estar concluida.