El sindicato de transportistas autónomos Hiru ha advertido de que los accidentes que sufren los trabajadores de este sector son "consecuencia de la falta total de derechos laborales" y ha exigido a las instituciones "medidas urgentes" para hacer frente a "la grave precariedad".

En un comunicado, ha lamentado el fallecimiento este pasado miércoles de un transportista de 33 años de edad en la carretera GI-627 en la localidad guipuzcoana de Arrasate, insistiendo en que los accidentes que sufren los profesionales del transporte de mercancías por carretera "son accidentes laborales, y no se pueden despachar como simples accidentes de tráfico".

En este sentido, ha censurado que, en ocasiones, se haga "mayor hincapié en los problemas de tráfico" que ha originado el accidente que en el hecho de que "un trabajador ha resultado muerto o herido". "Los transportistas somos trabajadores, nuestro medio de trabajo es la carretera y nuestro instrumento de trabajo es el camión, por tanto si sufrimos un accidente en la carretera es un accidente laboral, a pesar de que las estadísticas oficiales no los recojan", ha subrayado.

El sindicato ha advertido de que los accidentes laborales "no son sino la última consecuencia de la falta total de derechos laborales en la que trabaja y está inmerso" el sector. Según ha explicado, "las exigencias y presiones de todo tipo se han convertido en el pan nuestro de cada día, y en la situación de catástrofe que estamos sufriendo cada vez resulta más difícil mantener nuestro trabajo y nuestro medio de vida, y hacerlo con dignidad y sin dejar la vida en el intento".

Por ello, ha abogado por "cambiar de raíz esta situación", ya que "los derechos laborales de los transportistas, su vida y seguridad no pueden estar al albur de las leyes del mercado". En este sentido, ha exigido a las instituciones que "actúen" y se establezcan "medidas urgentes" para hacer frente a "la grave precariedad" del sector.

Hiru ha reclamado que se controle "la interminable cadena de la subcontratación, la proliferación de falsas cooperativas y de situaciones de abuso que convierten a transportistas en esclavos", así como que se vigilen "las condiciones en que se realizan las cargas y descargas, quién las lleva a cabo, los tiempos de espera a los que se obliga al transportista".

También ha emplazado a "castigar duramente las presiones y los chantajes" y a habilitar "las áreas de descanso que por ley deberían estar ya en marcha".

A su entender, es preciso tener en cuenta que "el transporte de mercancías por carretera es un servicio público y, por tanto, es obligación de las instituciones públicas que el servicio se realice en condiciones de dignidad y seguridad".