La sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el conflicto colectivo interpuesto por el sindicato Ustea contra la Consejería de Hacienda y Administración Pública por las medidas adoptadas en el decreto 5/2010, de 27 de julio, de reordenación del sector público aprobado por la Junta de Andalucía.

Según ha indicado Ustea en una nota remitida a Europa Press, el tribunal ha admitido a trámite la demanda, ha designado como magistrada ponente a María del Carmen Pérez Sibón y señala la celebración del acto de conciliación y/o juicio para el próximo 17 de febrero de 2011.

En su nota, Ustea apunta que desde la publicación del decreto, el 28 de julio de 2010, el sindicato ha mantenido una postura "radicalmente en contra de la reordenación prevista por la Junta de Andalucía, al considerar que con la misma, el Gobierno de Andalucía pretende vaciar de contenidos la Administración General en favor de las agencias". Asimismo, como motivo de esta demanda, el sindicato ha subrayado "la omisión de toda negociación colectiva y la imposición de estas medidas mediante decreto ley".

De esta forma, según ha explicado el sindicato, la demanda se fundamenta en "la ausencia del supuesto habilitante (extraordinaria y urgente necesidad), se lesiona el derecho a la negociación colectiva, a la libertad sindical y los derechos de información y participación". También se opone a "la arbitrariedad del legislador y la modificación de los contratos de trabajo".

Para esta central sindical, con la aplicación del citado decreto, "se desconoce por completo en qué situación va a quedar el empleo público, tanto en las entidades de nueva creación, como en la propia Administración General de la Junta de Andalucía, un aspecto esencial para los intereses de los empleados públicos y de la ciudadanía en general".

El sindicato ha recordado que también ha planteado también acciones legales en vía contencioso administrativa contra las medidas de reordenación, todas ellas pendientes de resolverse por los tribunales, tras lo que ha asegurado que continuará exigiendo la derogación del decreto ley "por todos los medios".