PP afirma que un delegado del Gobierno "tiene que prevenir y no esperar a que se produzcan desenlaces que nadie quiere"

Ruiz tacha de lamentable que "desde el día 22 no se conozcan la apertura de diligencias, interrogatorios ni sanciones"
José Gabriel Ruiz
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José Gabriel Ruiz

El vicesecretario del PP de la Región de Murcia, José Gabriel Ruiz, ha afirmado este miércoles que "lo que no tiene sentido es que haya transcurrido casi un mes desde el pasado 22 de diciembre", cuando comenzaron los altercados, "y sea ahora cuando se plantee la sanción de determinadas conductas que todos hemos visto". De ahí, que haya considerado que un delegado del Gobierno "tiene que prevenir y no esperar a que se produzcan desenlaces que ninguno queremos porque no se hayan tomado las medidas pertinentes en materia de orden público".

En opinión de Ruiz, el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, "no ha sido muy diligente en su función", por lo que su gestión, ha lamentado, "deja mucho que desear, ya que durante un tiempo se ha estado permitiendo que se realicen una serie de acontecimientos que en condiciones normales no se permite".

"Lo lamentable, ha enfatizado, es que no se conocen la apertura de diligencias, interrogatorios, sanciones, absolutamente nada desde el día 22, en el que se empiezan a suceder estos incidentes lamentables".

En esta línea, ha reprochado a González Tovar que "minimizara" las alteraciones del orden público que se sucedieron a partir del pasado 22 de diciembre, entre ellas los incidentes ocurridos frente al domicilio de Ramón Luis Valcárcel.

Y es que, ha subrayado, "se han ido sucediendo acontecimientos donde se han producido alteraciones de orden público y al final, tiene que suceder lo que todos condenamos para que se establezcan medidas de seguridad".

La función fundamental de un delegado del Gobierno, según Ruiz, no es otra que "todos los ciudadanos, independientemente del partido político en el que militen, de su condición, religión o nacionalidad, puedan ejercer los derechos fundamentales y las libertades públicas".

Sin embargo, ha denunciado públicamente, González Tovar "no ha sido capaz de garantizar que eso se haya producido"; razón por la que han vuelto a pedir su dimisión, ya que "no ha sabido garantizar en todo momento que se pueda ejercer la libertad y los derechos por parte de todos los ciudadanos".

Una cuestión, ha apuntado, que "no tiene nada que ver con el derecho constitucional que todos tenemos para reivindicar por las vías que establece la Constitución y la ley por defender sus derechos". "Comprendemos a los funcionarios, pero tiene que existir la autoridad del Gobierno de la nación en Murcia, en este caso la Delegación del Gobierno, para actuar", ha precisado.

Seguridad al gobierno regional

Sobre el dispositivo de seguridad a los miembros del Gobierno regional a raíz de la agresión al consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, el vicesecretario del PP en Murcia ha explicado que "si ahora se puesto, debe ser el delegado del Gobierno el que lo dimensione y todos nos sentiremos más seguros".

Ruiz también respondió a las declaraciones que González Tovar realizó tras tener conocimiento de los altercados que se produjeron en un acto público el pasado 22 de diciembre: "El delegado del Gobierno llegó a decir, dirigiéndose a mi persona, que algún alto cargo del PP que se encontraba en dicho acto se debía haber planteado que era muy peligroso meterse en medio de una manifestación".

Al hilo, ha dejado claro que el PP o los ciudadanos "lo que hacemos es vivir y disfrutar de nuestros derechos y libertad", por lo que, ha sentenciado, el delegado del Gobierno "no puede decir que no se enteró de lo que estaba pasando ese día, porque lo vio y debe estar informado, teniendo la obligación de prevenir".

Finalmente, y preguntado sobre si tienen alguna información de las denuncias que registraron en el juzgado por amenazas e insultos contra los consejeros de la Comunidad, cargos del Partido Popular e incluso la hija del presidente Valcárcel vertidas en Internet, Ruiz ha advertido que "en el caso de que se llegue a determinar cuáles son los culpables y de verificar que se trata de un hecho tipificado como delito, que todo el rigor del Estado de Derecho caiga sobre las personas que han cometido esas actuaciones".

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