Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de Baleares ha anunciado que defenderá la devolución de las competencias en materia educativa, sanitaria y urbanística al Estado para racionalizar el gasto público y poner fin así "al despilfarro autonómico".

Éste será uno de los compromisos electorales que el partido asumirá de cara a los próximos comicios electorales autonómicos y municipales de mayo de 2011, tal y como ha señalado UPyD en un comunicado.

Para UPyD, los grandes partidos han "interiorizado una visión fragmentada y parcial de la grave situación económica e institucional española", criticada, a su parecer, por los acreedores y la UE.

En esta línea, ha afirmado que "el uso partidista de las instituciones y las ambiciones de sus respectivas baronías les impiden anteponer una visión de conjunto que afronte los verdaderos problemas de fondo".

El partido liderado por Juan Luis Calbarro en las islas ha asegurado que con esta propuesta "no pretende desvestir un santo para vestir otro", sino más bien de "infundir en las instituciones criterios de eficiencia y racionalidad presupuestaria".

Además, UPyD ha dicho que "la extensa lista de casos de corrupción de Baleares demuestra que los partidos políticos se han valido del solapamiento de las distintas Administraciones, de los servicios públicos, así como de la creación de fundaciones, consorcios y empresas, para intereses contrarios a los de los ciudadanos".

"Ni el PP ni el PSOE tienen valor para acometer cambios estructurales. Mientras Francesc Antich (presidente del Govern) renuncia a la política, José Ramón Bauzá (líder del PP en Baleares) espera rentabilizar la ineficacia e incompetencia del segundo Pacto y ambos anuncian que pactarán con UM si lo necesitan para alcanzar el poder", ha añadido.

Por todo ello, UPyD propondrá a los ciudadanos de Baleares que el Estado tenga en exclusiva las competencias en órganos constitucionales, derechos fundamentales, unidad de mercado, representación internacional, defensa, justicia, legislación procesal, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, gestión del territorio, seguridad social y función pública.

Asimismo, defienden la necesidad de reordenar el sistema competencial vigente en materia urbanística, que recae casi exclusivamente en las comunidades autónomas y ayuntamientos, "y propicia la dispersión del régimen del suelo en 17 sistemas distintos, con gran confusión normativa".