La jueza del Juzgado número 1 de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, ha fijado una fianza provisional de 29 millones de euros a los tres excursionistas imputados por el incendio de Guadalajara para asegurar que, en caso de que haya una sentencia en la que se establezca responsabilidad civil (indemnizaciones), se pueda hacer efectivo el pago. El incendio, que ocurrió en 2005, provocó la muerte de once personas y arrasó más de 13.000 hectáreas.

Según el auto emitido el 7 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, esta fianza se establece en base a un informe remitido por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha sobre el importe de los gastos originados por la utilización de medios personales y materiales en la extinción del incendio y los daños causados.

Fue en febrero cuando el Ministerio Fiscal, quien tras conocido el auto de procesamiento del 13 de enero, pidió se practicase como diligencia para la determinación de la responsabilidad civil, mediante perito nombrado al efecto, prueba pericial donde se concretasen la cuantificación de los daños y perjuicios materiales causados y los gastos originados en la extinción del incendio.

Finalmente el Ministerio Público renunció meses más tarde a la realización de la prueba pericial para poder cuantificar los daños y perjuicios causados, para que fuera la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural la encargada de estimar los daños causados.

En el auto, la jueza explica que "hasta que no se determinen las bases para la fijación de la pertinente indemnización, que solo podrá efectuarse una vez sean declarados probados en sentencia los hechos" no será posible fijar el 'quantum' definitivo de la indemnización, por lo que la jueza considera "proporcionada y ajustada" la fianza prevista atendiendo al momento procesal y a la documentación remitida por la Consejería de Agricultura.

Julio de 2010

El pasado mes de julio, la Audiencia Provincial de Guadalajara estimaba los recursos de apelación presentados por el Ministerio Fiscal y por algunos de los imputados y acordaba dejar sin efecto el procesamiento contra los políticos y técnicos que estaban imputados por el incendio.

Los nueve autos exculpaban, entre otros, a la que era consejera de Medio Ambiente de la Junta en el momento de los hechos, Rosario Arévalo, al entonces director general del Medio Natural, José Ignacio Nicolás, al ex delegado de Agricultura y Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González, y al ex director del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz.

También dejaban de estar imputados los ex alcaldes de Riba de Saelices, Hipólito Sebastián y José Luis Samper, los técnicos del Servicio de Extinción de Incendios del Gobierno regional, y las tres empresas que participaron en los trabajos de extinción: Tragsa, Helicópteros del Suroeste, y Servicios y Proyectos Avanzados.

De este modo, la Audiencia modificó el auto del 13 de enero de 2010 de la jueza del Juzgado de Sigüenza y sólo mantuvo la imputación a dos de los excursionistas que prendieron la barbacoa que originó el incendio. Hay un tercer excursionista que no recurrió la decisión de la jueza y que, por tanto, sigue imputado.